Asesor de AMLO tapa cenote

MÉRIDA. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que clausuró de manera total temporal un rancho denominado Asideros, en Tizimín, al oriente de Yucatán, luego que constataron que en ese lugar se rellenó un cenote (cuerpo de agua natural) con material pétreo, por lo que se inició una investigación para deslindar responsabilidades.   Aunque en su comunicado oficial la Profepa no precisó en contra de quién siguen este. proceso, fuentes de esa dependencia indicaron que el rancho pertenece a la empresa EnerAll, dedicada al sector agroindustrial.   El fundador y uno de los inversionistas de esta compañía es Alfonso Romo Garza, colaborador cercano al candidato de Morena a la Presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, es su coordinador de enlace con el sector privado en la actual campaña electoral.   Cabe mencionar que el empresario regiomontano puso en marcha –junto con autoridades locales– las operaciones de la planta procesadora de semillas EnerAll-Cargill, precisamente en Tizimín, en noviembre del 2017.   SANCIÓN, EN PUERTA   De acuerdo con un comunicado oficial, esta instancia federal detectó actividades agropecuarias en el rancho que contaban con la autorización en materia de impacto ambiental, sin embargo, también hallaron afectación y modificación de un cenote, sin que se contara con un permiso para tal efecto.   Los trabajadores del sitio rellenaron con material pétreo, tierra y restos de vegetación el interior del cenote, es decir, lo taparon, provocando daño ambiental e hídrico.   La Profepa procedió a la clausura total temporal de las obras y actividades detectadas en el rancho, en espera que se presenten pruebas para el deslinde de responsabilidades en el proceso legal.   La sanción por este tipo de actividades, de acuerdo con la dependencia, puede alcanzar una multa por el equivalente de 30 hasta 50 mil días de la Unidad de Medida y Actualización. Además, el artículo 420 Bis del Código Penal Federal establece una pena de dos a 10 años de prisión a quien dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.   Al solicitar una entrevista vía telefónica a las oficinas de la empresa EnerAll, para conocer su postura sobre este hecho, una secretaria señaló que ningún directivo podría atender en ese momento, pero que se comprometían a devolver la llamada, lo que hasta el cierre de la edición no había ocurrido   POR HERBETH ESCALANTE