Bajo la lupa, por alerta de género

En la Ciudad de México hay jueces que desconocen el tipo penal de feminicidio o se resisten a aplicarlo en sus resoluciones, por lo que el grupo de trabajo que se conformó por la solicitud de alerta de género en la capital, recomendó un mandato de obligatoriedad para juzgar con perspectiva de género. Este grupo de trabajo, conformado por un representante del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) —que depende de la Secretaría de Gobernación—, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y cuatro académicos, dará seguimiento a las recomendaciones formuladas a los tres órdenes de gobierno de la capital, quienes tienen un plazo de seis meses. De acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México debería existir, además, un sistema de monitoreo y revisión de las decisiones judiciales en los casos de violencia contra las mujeres. Además, debe crearse un micrositio que consolide la información sobre la impartición de justicia en los casos de delitos y violencia contra mujeres, niñas y adolescentes y dar a conocer informes periódicos sobre los montos por reparación del daño a los que se ha sentenciado en casos de violencia sexual y familiar y feminicidio. “El grupo de trabajo pudo constatar un desconocimiento técnico del tipo penal de feminicidio por parte de las y los jueces en la Ciudad de México, aunado a ello, una deficiente aplicación de perspectiva de género en sus actuaciones. “En los tribunales de la Ciudad de México existen todavía graves resistencias institucionales para aplicar el tipo penal de feminicidio, y a considerar el contexto en que se llevó a cabo la violencia, derivando su omisión en impunidad”, indica el documento donde se detallan las situaciones de violencia y falta de atención a la mujer. El grupo de trabajo detectó diversas irregularidades en la protección a mujeres en la Ciudad de México como en la Procuraduría capitalina, donde observó inadecuadas condiciones de trabajo de los servidores públicos y precarias instalaciones para atender a las víctimas. POR DIANA MARTÍNEZ