Las violaciones a derechos humanos por parte de autoridades federales le costaron al país 65.1 millones de pesos en el último año, lo que representa un incremento de 82.8 por ciento con respecto al año anterior.
La Ley General de Víctimas establece que no sólo se debe reparar el daño a víctimas -directas o indirectas- del delito, sino también a las que sufrieron agravios a sus derechos por parte de alguna autoridad.
Las víctimas del delito son a las que más recursos destinó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, del 1 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2018, con 79.1 millones de pesos, pero este monto, a diferencia de los casos de violaciones a derechos humanos, tuvo un decremento del 29.3 por ciento respecto al periodo de 2016 a 2017.
De acuerdo con un informe de la CEAV, la compensación por violaciones a derechos humanos pasó de 33.6 millones, a 65.1 millones de pesos al 28 de febrero de 2018.
Comercializadora Zelcy y Dyjomas, empresas proveedoras del gobierno de Nuevo León y del municipio de Garza García, depositaron recursos en cuentas de tres donantes del aspirante a candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, prácticamente descalificado de la contienda, luego de que el INE le descontara las firmas de apoyo que simuló.
Otras 52 personas que donaron recursos a El Bronco no respondieron los requerimientos de información del INE. Uno de los que hizo caso omiso a las solicitudes giradas por el instituto fue Luis Fernando Marín Molina, quien fuera director de Gobierno en la gestión de Rodríguez Calderón y donante de 230 mil pesos.
En total, las investigaciones por presunta triangulación de recursos implican 17 millones de pesos, según informó el consejero Ciro Murayama, la semana pasada.
El Bronco es gobernador con licencia de esa entidad y, de acuerdo con información contenida el dictamen de fiscalización de sus gastos para recabar firmas de apoyo --elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto--, utilizó un método de triangulación de recursos que implica la violación de normas electorales en materia de fiscalización y que motivará la apertura de una investigación especial sobre el caso para determinar si, además de donaciones de empresas (algo que está prohibido) también hubo recursos gubernamentales.
El método identificado por el INE es el siguiente: los ciudadanos Édgar Alfredo Cruz Guerrero, Bruno Mauricio Mendoza Carlos y Tania Garza González, donaron al ex priista entre 220 mil y 230 mil pesos.
Los recursos fueron depositados en la cuenta bancaria de Viva la Nueva Independencia, la asociación civil que El Bronco registró ante el INE. Hasta ahí no hay ilegalidad alguna.
Sin embargo, al requerir los estados de cuenta de estas tres personas, el instituto se dio cuenta que, un día antes de realizar la donación, los tres recibieron en sus cuentas depósitos por la misma cantidad que donaron, provenientes de las empresas Comercializadora Zelcy y de Dyjomas.
La primera aparece en una relación de contrataciones del gobierno de El Bronco como proveedora de medicamento oncológico del Hospital estatal Ignacio Morones Prieto; Zelcy, al igual que Dyjomas aparecen como empresas proveedoras del municipio de Garza García, Nuevo León, que actualmente gobierna el panista Mauricio Fernández.
Adicionalmente, los tres donadores que, presuntamente, participaron en la triangulación de recursos, donaron a Rodríguez menos de 240 mil pesos para evitar revisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como lo estipuló el INE en un acuerdo aprobado.
Aún así, las irregularidades del aspirante Jaime Rodríguez fueron detectadas.
POR NAYELI CORTÉS