"No me temblará la mano para castigar a cualquier funcionario", dice Quirino Ordaz

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, advirtió que no le temblará la mano para hacer respetar la ley y castigar a cualquier funcionario que cometa un delito electoral. Al firmar el Convenio de Compromiso por el Blindaje Electoral con el titular de la Fepade, Héctor Marcos Díaz Santana, el mandatario estatal precisó que su gobierno refrenda su convicción democrática y de apego irrestricto a la ley, pues dijo que su actuar será muy respetuoso del proceso electoral, toda vez que el próximo viernes inicia la veda electoral con motivo de las campañas. Además, confió que Sinaloa será un estado ejemplar en la conducción de la vida democrática en medio de este proceso. “Mis funcionarios tienen instrucciones precisamente de ser sumamente cuidadosos, conducirse con apego a derecho, nuestra actividad como gobierno es muy dinámica, es muy intensa, el gobierno no para su inversión ni su obra pública, para eso fuimos electos, pero tienen clara la instrucción de no entrometerse, de no meterse y ellos saben que si lo hacen se apartan de la ley y se apartan de su cargo”, advirtió. Destacó que al suscribirse este convenio se manda el mensaje, ante la sociedad y ante los órganos electorales, cuyos titulares también atestiguaron la firma del compromiso,  como del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, que en Sinaloa se está trabajando intensamente y sus funcionarios se conducirán con el debido respeto a la ley.
“Entonces, no habrá en mi caso, en el caso nuestro, no nos temblará la mano en ningún momento para tomar las decisiones que haya que hacerse porque tenemos claro que el juego democrático está ahí, que la lucha es entre los partidos y la función nuestra es ser muy respetuosos”, recalcó.
En su intervención, el fiscal especial para la Atención de los Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, Héctor Marcos Díaz Santana, destacó que la idea de firmar este convenio es establecer el compromiso público para que tanto autoridades federales como estatales realicen actividades de blindaje electoral, que se abstengan de utilizar recursos públicos para favorecer a partidos políticos o candidatos, especialmente al tratarse de los programas sociales.   POR REDACCIÓN 
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