En México prevalece la violencia carcelaria ante la falta de medidas de seguridad efectivas para garantizar los derechos a la vida y la integridad de los reclusos, alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien exhortó al gobierno atender el problema e impedir el ingreso de armas y el control de la actividad de organizaciones criminales presentes en las cárceles.
Foto: Cuartoscuro[/caption]
Destacó hechos violentos en cárceles durante 2017 como el del Centro de Reinserción Social Las Cruces, Acapulco, donde murieron 28 personas, así como la fuga de internos del Centro de Ejecución de Sanciones en Ciudad Victoria, en Tamaulipas.
La CIDH urgió a México para no adoptar fórmulas legislativas que contravengan los estándares interamericanos y a regular la prisión preventiva para que ésta sea excepcional.
Esto debido a que organizaciones civiles informaron a la CIDH en agosto pasado, que 38.1 por ciento de la población carcelaria, que equivale a 208 mil 689 personas, se encontraba en prisión preventiva, lo que evidencia que esta medida no se aplica de manera excepcional.
También señalaron que en Durango, alrededor de 70 por ciento de los internos se encuentran en esta situación, mientras que en Baja California Sur, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, y Quintana Roo, el porcentaje es de 50 por ciento.
Sin embargo, según la CIDH, las autoridades mexicanas reiteraron que la prisión preventiva representa solo el 19.52 por ciento del total de las medidas cautelares impuestas por jueces.
POR DIANA MARTÍNEZ
La CIDH considera que la situación de inseguridad permite o propicia hechos de violencia entre internos, como patrones comunes y estructurales de la problemática carcelaria.La CIDH reitera que los Estados como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen el deber jurídico de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos”, indicó el organismo en su Informe Anual 2017. Señaló además que el gobierno tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia las muertes de personas que se encuentren bajo su custodia. Respecto a la situación de autogobierno, corrupción y violencia en los centros penitenciarios, la Comisión reitera su preocupación, y advierte que de conformidad con lo señalado por la CNDH, existen centros de reclusión en los que las personas privadas de libertad imponen autoridad mediante métodos informales de control, permitiendo el goce de privilegios y tratos especiales”, señaló. [caption id="attachment_252587" align="aligncenter" width="1024"]
Foto: Cuartoscuro[/caption]
Destacó hechos violentos en cárceles durante 2017 como el del Centro de Reinserción Social Las Cruces, Acapulco, donde murieron 28 personas, así como la fuga de internos del Centro de Ejecución de Sanciones en Ciudad Victoria, en Tamaulipas.
La CIDH urgió a México para no adoptar fórmulas legislativas que contravengan los estándares interamericanos y a regular la prisión preventiva para que ésta sea excepcional.
Esto debido a que organizaciones civiles informaron a la CIDH en agosto pasado, que 38.1 por ciento de la población carcelaria, que equivale a 208 mil 689 personas, se encontraba en prisión preventiva, lo que evidencia que esta medida no se aplica de manera excepcional.
También señalaron que en Durango, alrededor de 70 por ciento de los internos se encuentran en esta situación, mientras que en Baja California Sur, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, y Quintana Roo, el porcentaje es de 50 por ciento.
Sin embargo, según la CIDH, las autoridades mexicanas reiteraron que la prisión preventiva representa solo el 19.52 por ciento del total de las medidas cautelares impuestas por jueces.
POR DIANA MARTÍNEZ