El gobierno de México refrendó su compromiso de agotar todas las líneas de investigación que permitan conocer todo lo ocurrido en el caso Iguala y sancionar a los responsables, conforme al marco jurídico mexicano y las obligaciones internacionales en la materia.
Indicó que continuará trabajando con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como con los familiares de las víctimas y sus representantes, hasta el total esclarecimiento de este caso.
Refirió que la investigación del caso constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado Mexicano, que ha registrado avances importantes recientes que no se consideran en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, expresó su preocupación por el documento publicado, pues arroja conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial.
Indicó que ese documento, como lo reconoce esa organización, se limita a abordar cuestiones que fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones son atendidas por las autoridades competentes.
En este sentido, el Informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso”.Recordó que el caso Iguala es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión. “Como se informó a la CIDH en su último período de sesiones, celebrado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018, la investigación de este caso constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado Mexicano, que ha registrado avances importantes recientes, que no se consideran en el informe de la OACNUDH”. Las dependencias destacaron que en las últimas semanas ha llegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas. En ese sentido, reiteraron el compromiso del gobierno mexicano de acordar con las víctimas planes individuales, con base en un estudio de atención psicosocial, que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes de las víctimas. Resaltaron que en diversas reuniones de alto nivel con el representante en México de la OACNUDH, el gobierno de México compartió consideraciones y puntualizaciones importantes sobre el contenido del informe. En particular en relación con su metodología y los vacíos de información que contiene, señalando que todas las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes. Destacaron que en su momento, se expresó a la OACNUDH que el informe omitió información relevante que consta en los expedientes, incluidas las pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes como el Protocolo de Estambul. “Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el Informe”, aseveraron. Abundó que de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de violaciones de derechos humanos durante las indagatorias, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente. No obstante, se continúan realizando las diligencias correspondientes, aunado al hecho que existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales. POR NOTIMEX