La Unidad Especializada de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) determinó el no ejercicio de la acción penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez y el exsecretario estatal de Hacienda, Jaime Herrera, por los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal, denunciados desde 2014 por el activista Jaime Garcia Chavez.
La instancia federal consideró que no existen elementos para procesar a los priístas por los delitos señalados por el representante de Unión Ciudadana, quien a través de su cuenta de Facebook aseguró que continuará “dando batalla ante los tribunales”.
“Hace unos minutos fui notificado, por enviados de la PGR designados ex profeso, de la consulta que la comisionada de la Unidad Especializada en Análisis Financiero realiza ante su superior el Procurador General para decidir o resolver el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL contra Cesar Duarte y Jaime Herrera Corral. Se dice que esto sería únicamente por delitos federales relativos a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos bancarios”, compartió el activista en su perfil.
https://twitter.com/jgarciachavez/status/973694490660818944Se me conceden 15 días hábiles para manifestar mi inconformidad, que desde luego la hay y se expresará en tiempo y forma... recuérdese que tenemos un juicio de amparo pendiente de resolución”, agregó.
El activista publicó el oficio PGR-UEAF/DG/582/2018, firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, María Elena Velasco Ramírez.
Los ciudadanos de Chihuahua tienen la palabra. Los convocamos a combatir la impunidad”, apuntó quien continuará con la denuncia por el uso del dinero chihuahuense para la creación del banco Unión Progreso.
Mientras tanto, las autoridades de Chihuahua suman ya 21 propiedades aseguradas al ex gobernador, las cuales que fueron, presuntamente, adquiridas con recursos estatales.
Hace unos días, el gobernador Javier Corral, señaló que la Federación no ha permitido la cooperación de la Fiscalía de Chihuahua, ni ha informado sobre el contenido y la cantidad de órdenes de extradición presentadas al gobierno de Estados Unidos.
Aseguró que la única información que ha tenido el Gobierno de Chihuahua sobre el caso es informal y por medio de contactos en los Estados Unidos (EU), quienes señalan que solo hay entre cinco y seis solicitudes de extradición.
Por Hérika Martínez Prado, corresponsal