Luego de la detención de un presunto narcomenudista de la zona, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), investiga el vínculo con un cuarteto de veracruzanos desaparecidos, quienes, desde el pasado primero de febrero, sus familiares perdieron contacto con ellos, cuando regresaban a Guadalajara desde Autlán, a bordo de un taxi.
El hallazgo ocurrió la tarde noche de ayer, dentro de un predio conocido como El Camichín, en el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.
De acuerdo a investigaciones de la dependencia se logró detener a un sujeto oriundo de la población de Bellavista, en el municipio en mención, quien reveló la ubicación de las fosas dentro de una finca en construcción en El Camichín, al que se llega por el camino antiguo Ahuacapán-El Rodeo, en Autlán de Navarro.
El sujeto, de nombre Gerardo “N”, de 25 años de edad, fue señalado por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y en posesión de armas de fuego.
Tras las indagatorias de los investigadores de la FGE, en el lugar, además de la localización de las fosas con restos de cuatro cuerpos, también se aseguraron armas largas y vehículos con reporte de robo.
Hasta el sitio arribó personal del Servicio Médico Forense, para extraer los cuerpos y realizarles los exámenes de ADN y comparativa con las muestras de los familiares de veracruzanos desaparecidos: los hermanos Juan y José Ángel Meléndrez Luna, además de José Meléndrez Pineda y José Juan Santos Meléndrez.
“Se presume que corresponden a las cuatro personas desaparecidas en días pasados, oriundos de otro estado de la República”, señaló la FGE; según la denuncia, ellos desaparecieron el 1 de febrero cuando regresaban a Guadalajara desde Autlán en un taxi.Además de la detención, se aseguraron dos camionetas Toyota Tacoma, una blanca y una negra; un Volkswagen rojo y una camioneta Ford Escape blanca. También un fusil, una pistola semiautomática, 194 cartuchos de arma larga, dos de arma corta, un chaleco antibalas, dos cargadores y dos granadas, entre otras cosas. Gerardo “N” fue puesto a disposición de un juez de Control y Oralidad, quien determinó vincularlo a proceso con base en los hallazgos por lo que se ordenó dos años de prisión como medida cautelar y seis meses para el cierre de investigación. Por Martín Patiño