La sentencia de un juez federal confirmó que Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México y, especialmente, Tlaxcala son las entidades que más atrasos tienen en las armonizaciones de las leyes secundarias en materia de anticorrupción.
Incluso, la resolución del juez del cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, Juan Pablo Gómez Fierro, ordena al Congreso de Tlaxcala —el más atrasado de los estados— a que emita su respectiva legislación en materia de combate a la corrupción antes de concluir el primer periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 29 de abril de 2018.
En Tlaxcala, especifica la sentencia, se configura una violación al derecho humano al desarrollo integral, ya que su abstención impide concretar los propósitos para los que fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos del artículo 113 constitucional y la legislación general relativa, incluyendo la prevención, detección y sanción de la corrupción en que pudieran incurrir servidores públicos y particulares.
“En consecuencia, resulta válido sostener que la legislatura del estado de Tlaxcala incurrió parcialmente en una omisión legislativa absoluta que genera una violación a los preceptos constitucionales, convencionales y legales citados, al abstenerse de expedir la ley que regule su respectivo sistema local anticorrupción, obstaculizando con ello la debida implementación del Sistema Nacional Anticorrupción”, detalla.
En el caso de Chihuahua, Veracruz y Ciudad de México se confirmó que parcialmente han ido armonizando sus leyes secundarias en materia de anticorrupción, sin embargo, en agosto del año pasado —cuan- do se presentó el amparo— sí estaban en falta.
“En conclusión, debe considerarse existente la primera omisión reclamada por la parte quejosa, respecto de los congresos de las siguientes entidades federativas de Chihuahua y Veracruz.
“Y parcialmente existente respecto de las entidades federativas de Tlaxcala y Ciudad de México. Lo anterior, atendiendo a la fecha de presentación de la demanda de amparo”, señala el documento judicial.
En agosto del año pasado, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción promovieron un amparo contra los congresos del país, ante la negativa a armonizar sus leyes locales en materia de corrupción. Los estados debieron tener listas sus leyes antes de julio del año pasado y aún siguen sin acatar este ordena- miento constitucional.
Por Francisco Nieto
Martes 10 de Diciembre de 2024