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Anomalías en INE por 7.5 mdp

NACIONAL

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles irregularidades por un monto de 7 millones 590 mil 700 pesos, en el programa Capacitar y Educar para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía del Instituto Nacional Electoral (INE). En la tercera etapa del informe de la Cuenta Pública 2016, la ASF identificó que el órgano electoral contrató a personal que no cumplió con los requisitos académicos requeridos y realizó pagos superiores a los acordados. El reporte detalla que una de las irregularidades fue en el pago de 6 millones 88 mil 900 pesos por concepto de plazas que no se encuentran establecidas en su normativa y, además, se destinaron 42 mil 500 pesos para pagos superiores a los montos establecidos. Adicionalmente, no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de 31 mil 200 pesos que acreditaran el ejercicio de los re- cursos por concepto de gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales. Uno de los montos más grandes se encontró en el pago a 35 empleados que no cumplieron con los requisitos académicos, experiencia laboral, conocimientos, habilidades y actitudes, para ese grupo de personas se destinó un millón 339 mil 205 pesos. “Que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus mecanismos de control y super- visión a fin de asegurar que se cuente con los informes de actividades que acrediten la prestación de los servicios contratados”, recomendó la Auditoría en su informe. Además, el órgano electoral no proporcionó la documentación que acreditó la distribución de mil 333 prendas de identificación por parte de la Juntas Locales Ejecutivas; ni de cuatro mil 969 prendas de identificación a los Capacita- dores-Asistentes y Supervisores Electorales. La Auditoría federal también indica que no se dio seguimiento para asegurar que los capacitadores-asistentes y supervisores electorales de- volvieran las cinco mil 360 prendas de identificación que tuvieron un costo de cinco millones 745 mil pesos. Según la página del INE, el objetivo del programa es contribuir a la construcción de una ciudadanía cívica, con conciencia y ejercicio efectivo de sus derechos, obligaciones y responsabilidad social en un contexto democrático. En 2016, el Consejo General autorizó mil 488 millones 923 mil pesos para llevar a cabo ese programa.   Por Ricardo Ortiz