Casi la mitad de la población considera que se tiene derecho a hacer justicia por cuenta propia ante la inacción de autoridades, alerta la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
De acuerdo con este documento, 31.8 por ciento de los entrevistados señaló que si un hombre mata a alguien y las autoridades no hacen nada, los integrantes de una comunidad pueden tomar en sus manos el castigo, mientras 14.8 por ciento opinó que tienen el derecho en parte.
“Todos los que —con porcentajes superiores a la media nacional— mencionaron que la comunidad “sí tiene el derecho” de impartir justicia por propia mano, son los jóvenes de 25 a 34 años de edad, a la par de los que tienen escolaridad básica de primaria.
“Incorporándose a lo anterior, las personas de ingreso bajo de hasta dos salarios mínimos, mantienen una postura similar y, por último, con esta misma tendencia, los que prefieren electoralmente a Morena”, indica el documento.
Julia Flores, coordinadora de esta encuesta, señaló a El Heraldo de México que estas cifras derivan de la desconfianza en las autoridades, por lo que, para encontrar justicia, la gente no duda en vulnerar los derechos de otras personas.
“Tiene que ver con dos cosas: con la impotencia frente a la impartición de justicia expedita y al acceso a la justicia, pero también al endurecimiento de la sociedad en todos los temas jurídicos por el aumento de la violencia y la delincuencia.
“Frente a esto, la gente endurece sus posiciones, su manera de pensar, y dice: ‘Si yo veo que éste sale libre y que no se castiga, siendo víctima de esta violencia y esta delincuencia, nosotros mismos hagamos justicia’, pero hay otro ingrediente, insistimos desde hace varios años a la pérdida de la confianza en las autoridades”, destacó.
Detalló que el núcleo familiar se mantiene en credibilidad, a diferencia de instituciones, y los partidos políticos.
“La credibilidad más alta la tiene la familia, que son los más cercanos, las universidades pública, el ejército, los maestros y la iglesia, la más baja está con los sindicatos, el ministerio público, la policía, los jueces y los magistrados, pero los más bajos de todos son los diputados federales, el presidente y los partidos políticos”, dijo.
Flores también destacó el aval de los ciudadanos a la tortura de detenidos, ya que se preguntó a los encuestados si estaría de acuerdo o en des- acuerdo en que los policías torturen a una persona que violó a una mujer, con el objetivo de que confiese el delito al no tener pruebas suficientes.
Aunque 48.4 por ciento manifestó su desacuerdo con que se torture, 27 por ciento dijo es- tar de acuerdo y 20 por ciento está de acuerdo en parte.
“Tenemos una opinión divi- da, la tortura desde luego tiene que ver con el ejercicio de las autoridades, pero la gente también está de acuerdo con esto”, destacó la especialista.
Por Diana Martínez
Por Diana Martínez