Sergio Alejandro Flores Cruz, director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Diálogo en Guatemala, dijo que el Ministerio de Relaciones lleva el caso de la comunidad de Laguna Larga; señaló que han avanzado hacia una ruta de reubicación de las familias que salieron de la selva maya el 2 de junio de 2017 y que se encuentran en la franja fronteriza con México.
Aseguró que en un futuro próximo, las familias se trasladarán a fincas que están ahora en poder del Estado, a través del Fondo Nacional de Tierras, y que fueron adjudicadas vía extinción de dominio, aunque no aclaró en dónde se ubican esos terrenos.
“Podrían estar ya de regreso a Guatemala en abril, pero la fecha es tentativa, por la cantidad de situaciones que se van dando en el camino.
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Foto: Édgar López[/caption]
“Las tierras tienen que entregarse limpias, sin vestigios de ningún habitante en ellas. Hasta entonces, éstas podrán ser adjudicadas a la comunidad de Laguna Larga”, expuso Flores en entrevista telefónica.
Sin embargo, Voces Mesoamericas, organismo que encabezó un estudio sobre la problemática de los desplazados, dijo que la oferta del gobierno guatemalteco es “encontrar una finca sin definición de extensión y lugar, así como elaborar un programa para adquirirla, en un plazo incierto”.
La propuesta, señala el documento Des-esperando en la Frontera, indica que podría tratarse de un predio en Izabal, ubicado al otro extremo de Guatemala, de menor extensión.
La tierra será adquirida vía extinción de dominio del narcotráfico,“lo que presupone, que se encontraría en un territorio de alta peligrosidad y violencia de grupos de la delincuencia organizada”.
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Foto: Édgar López[/caption]
En entrevista con El Heraldo de México, Flores Cruz aseguró que el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala se trasladó a la comunidad de las 111 familias para censarlos.
“En total fueron 89 las familias que aceptaron ser censadas por el gobierno, 22 de ellas no quisieron hacerlo”.
Aclaró que “sólo las familias que aceptaron ser censadas serán las que podrán ingresar y ocupar los terrenos que les será otorgado por el Estado, en condiciones perfectamente reguladas por Guatemala”.
El funcionario agregó: “Desconocemos por qué no quisieron ser censadas; algunos podrían estar teniendo diferencias con la comunidad, y otros podrían tener problemas, incluso legales, por los que no quieren ser identificados; sabemos de algunos abogados, que les han recomendado no aceptar estos terrenos”.
Las familias no pueden ni podrán pedir asilo en México: “Simplemente porque no son perseguidos políticos”, dijo.
Los representantes de la comunidad, en enero, aseguraronque hasta ese momento habían ido a Guatemala en 11 ocasiones para entablar mesas de negociación, sin que hubierauna respuesta clara.
POR CRISTINA PÉREZ-STADELMANN
Foto: Édgar López[/caption]
“Las tierras tienen que entregarse limpias, sin vestigios de ningún habitante en ellas. Hasta entonces, éstas podrán ser adjudicadas a la comunidad de Laguna Larga”, expuso Flores en entrevista telefónica.
Sin embargo, Voces Mesoamericas, organismo que encabezó un estudio sobre la problemática de los desplazados, dijo que la oferta del gobierno guatemalteco es “encontrar una finca sin definición de extensión y lugar, así como elaborar un programa para adquirirla, en un plazo incierto”.
La propuesta, señala el documento Des-esperando en la Frontera, indica que podría tratarse de un predio en Izabal, ubicado al otro extremo de Guatemala, de menor extensión.
La tierra será adquirida vía extinción de dominio del narcotráfico,“lo que presupone, que se encontraría en un territorio de alta peligrosidad y violencia de grupos de la delincuencia organizada”.
[caption id="attachment_217989" align="alignnone" width="1200"] Foto: Édgar López[/caption]
En entrevista con El Heraldo de México, Flores Cruz aseguró que el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala se trasladó a la comunidad de las 111 familias para censarlos.
“En total fueron 89 las familias que aceptaron ser censadas por el gobierno, 22 de ellas no quisieron hacerlo”.
Aclaró que “sólo las familias que aceptaron ser censadas serán las que podrán ingresar y ocupar los terrenos que les será otorgado por el Estado, en condiciones perfectamente reguladas por Guatemala”.
El funcionario agregó: “Desconocemos por qué no quisieron ser censadas; algunos podrían estar teniendo diferencias con la comunidad, y otros podrían tener problemas, incluso legales, por los que no quieren ser identificados; sabemos de algunos abogados, que les han recomendado no aceptar estos terrenos”.
Las familias no pueden ni podrán pedir asilo en México: “Simplemente porque no son perseguidos políticos”, dijo.
Los representantes de la comunidad, en enero, aseguraronque hasta ese momento habían ido a Guatemala en 11 ocasiones para entablar mesas de negociación, sin que hubierauna respuesta clara.
POR CRISTINA PÉREZ-STADELMANN