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Condenado, el Estado mexicano

la corte interamericana de dd hh determina que autoridades violaron derechos de 11 mujeres

NACIONAL

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que autoridades mexicanas son responsables de violar los derechos de 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, sexual y psicológica, así como falta de acceso a la justicia durante el operativo en San Salvador Atenco en 2006. El organismo señaló que el uso de la fuerza por parte de policías al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario y fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas.
“El Estado es responsable por la violación a la integridad personal, a la vida privada, y no ser sometido a tortura, consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 11 de la Convención, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación, consagradas en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 159 a 170 y 177 a 223 de la presente Sentencia”, señala la sentencia.
La Corte consideró que no se investigó, juzgó y sancionó a todos los responsables del operativo, tanto a nivel material como intelectual. Por eso ordenó realizar una investigación exhaustiva de los hechos que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal. De acuerdo con el Centro Pro y Cejil, esto sentará un precedente importante al explicitar que el Estado mexicano tiene el deber de esclarecer la participación de la cadena de mando.
“La Corte concluye que existían indicios suficientes para justificar la apertura de líneas de investigación tendientes a determinar si las autoridades a cargo de los operativos omitieron impedir o investigar los actos de tortura estando en posición de hacerlo”, indicó el organismo.
La Corte ordenó que en un acto público, el gobierno reconozca su responsabilidad internacional y ofrezca disculpas públicamente.   Por Diana Martínez jrr