San Luis Potosí.- Funcionarios y familiares de la pasada administración perredista de la capital del estado se quedaron con 150 aparatos celulares de última generación, entre ellos 41 IPhone 7 de alta gama en los que se pagaron más de 3 millones de pesos en planes, denunció lunes Óscar Valle Portilla, titular de la Oficialía Mayor de la entrante administración panista que encabeza Xavier Nava.
Entre quienes no regresaron los aparatos móviles están Pilar Cardona Reyna y Pedro Antonio Cardona Reyna, esposa y cuñado del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, quienes se desempeñaban como presidenta del DIF Municipal y subdirector de Comercio, respectivamente.
También en la lista se encuentra José Concepción Gallardo Martínez, tío de Gallardo Juárez y que además era su secretario particular; así como Eloy Franklin Sarabia, quien fuera director de Respuesta Ciudadana y actualmente es regidor del PRD en el Cabildo capitalino, pero no quiere regresar el aparato celular con cargo a la Hacienda Municipal.
Entre muchos otros funcionarios se encuentran candidatos a diputadas y diputados que postulados por el PRD fueron derrotados el pasado primero de julio, entre ellos
Luis Felipe Castro Barrón, quien luego de ser coordinador de Logística y Protocolo de la Presidencia Municipal quiso ganar el Distrito VII; o Miriam Marisol Chávez Isaís, jefa de Redes Sociales que quiso ser diputada por el Distrito VI.
El actual Oficial Mayor, Óscar Valle Portilla dio a conocer estos nuevos hallazgos en el proceso de Entrega-Recepción en lo que denominó como “Episodio 3 de la Estafa con Gallardía”.
Puntualizó que durante 36 meses la administración gallardista pagó más de 3 millones en contratos con dos empresas de telefonía celular y que sin embargo los aparatos no se encuentran como parte del patrimonio municipal, “por lo que se pide a los ex funcionarios municipales regresar dichos aparatos porque fueron adquiridos con recursos públicos”.
Detalló que algunos de los 150 teléfonos fueron entregados a personas que no estaban dadas de alta en la nómina de la pasada administración.
Finalmente, el actual Oficial Mayor del Gobierno de esta capital calculó que con el costo superior a los 3 millones de pesos gastados en estos servicios, se hubieran podido adquirir más de mil 200 sillas de ruedas para personas que así lo requerían.
Por José Alemán