Dos de sus hijos y su hermano fueron asesinados por “La Mara”, lo que obligó a Emilia a salir de El Salvador con el resto de su familia y llegar a México, pero en lugar de ayuda, encontró la deportación, a pesar de que señaló a autoridades migratorias que su vida y la de sus otros hijos corría peligro.
Regresó a México y encontró a su familia con la que vivió en condiciones de hacinamiento en lo que se resolvía la petición de asilo, y en abril de 2017 se le concedió protección internacional.
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Para Amnistía Internacional, este caso es un ejemplo de que el Instituto Nacional de Migración (INM) incumple sistemáticamente el principio de no devolución al deportar a migrantes cuya vida corre riesgo.
Así lo reportó en el informe “Ignoradas y son Protección, la mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México”, y que se basa en una encuesta realizada a 500 migrantes.
Este documento señala que el 84 por ciento de las personas detenidas por autoridades mexicanas no querían regresar a su país y el 54 por ciento señalaron la violencia y el miedo como principal motivo para no querer regresar a su país.
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Además, el 75 por ciento señaló que no fueron informados de su derecho a pedir asilo.
El INM señaló en un comunicado que con la Comar y otros organismos internacionales como el ACNUR, ha realizado acciones para informar a los migrantes sobre su derecho a solicitar refugio como en pantallas de televisión y circuito cerrado.
“Es importante destacar, que el INM realiza la devolución de personas del llamado triángulo norte de Centroamérica, con base en las disposiciones que el Estado mexicano ha negociado con los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, contemplando una repatriación digna, ordenada y segura y no como un principio de deportación masiva o arbitraria como suele señalarse”, indicó.
Por Diana Martínez / El Heraldo de México