Los presidentes muncipales de Coacalco, Estado de México, y de Paraíso, Tabasco, continúan en funciones en sus respectivas alcaldías debido a que no han sido notificados para abandonar los cargos por órdenes de la SUprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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El presidente municipal de Coacalco, Erwin Castelán Enríquez, continúa trabajando y cumpliendo sus funciones en la alcaldía; aseguró el secretario del Ayuntamiento, José Gabriel Pawling Alva, tras señalar que desconoce si ya recibió alguna orden de notificación para abandonar el cargo.
Luego de que este martes la SCJN ordenara destitución y consignación del alcalde, por incumplimiento de una sentencia de amparo en materia laboral; el alcalde se presentó hoy a trabajar como de costumbre.
En entrevista Pawling Alva indicó que se trata de un tema jurídico. Destacó que el gobierno municipal es muy respetuoso de las decisiones que están tomando las autoridades de la Suprema Corte. Pero, señaló que por lo pronto, Castelán sigue cumpliendo con sus funciones.
En entrevista por separado, el secretario de Movilidad del Estado de México, Raymundo Edgar Martínez Carbajal, indicó que el tema es está siendo atendido personalmente por el presidente municipal y por su equipo; y en las próximas horas se conocerá la estrategia que seguirán y el resultado final.
En Tabasco, continúa en el cargo
En Tabasco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez se manifestó en contra del dictamen de la SCJN de destituir al alcalde perredista de Paraíso, Bernardo Barradas, por desacato al pago de laudo a trabajadores, aunque admitió que la decisión es legal.
Mientras, Bernardo Barradas, quien fue destituido el lunes como presidente municipal por el máximo tribunal del país, dijo que continúa en funciones y labora normalmente, porque no ha recibido ningún resolutivo.
Mediante un mensaje difundido en redes sociales, Barradas, quien estaba a punto de solicitar licencia para competir por la reelección en los comicios del 1 de julio próximo, afirmó que su administración ha cumplido la ley destinando los recursos públicos a servicios municipales, infraestructura y programas sociales.
Admitió que cuando se le notifique el resolutivo “legal pero injusto”, se le dará cumplimiento.
Apuntó que el fallo en su contra proviene del incumplimiento durante el trienio del priísta Jorge Alberto Carrillo Jiménez al pago del laudo dictado en el expediente 044/2001, del cual deriva el resolutivo de la Suprema Corte.
Por Leticia Ríos y Rodulfo Reyes Aguilar / Corresponsales
Miércoles 11 de Diciembre de 2024