De un año a otro los casos de violencia política de género aumentaron 184 por ciento y su combate se ha complicado porque esta conducta no está tipificada como delito, peor aún, el proceso electoral de 2018 se desarrollará sin un marco normativo en la materia.
Mientras en 2015, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) recibió 38 casos de violencia política de género, para 2016 la cifra se elevó a 108 y las víctimas son desde funcionarias electorales, candidatas, regidoras, presidentas municipales y magistradas, principalmente de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Santiago Nieto Castillo, titular de esta fiscalía, señaló en entrevista con El Heraldo de México que los agresores son principalmente hombres que tienen poder y buscan menoscabar los derechos político electorales de las mujeres.
Santiago Nieto Castillo, titular de esta fiscalía, señaló en entrevista con El Heraldo de México que los agresores son principalmente hombres que tienen poder y buscan menoscabar los derechos político electorales de las mujeres.
“Son personas que detentan el poder y no están acostumbrados a compartirlo, es decir, son presidentes municipales, los caciques, a nivel de los pueblos y comunidades indígenas, tenemos también temas vinculados con dirigentes partidistas.
"En general son hombres que no están acostumbrados a distribuir el poder y que tienen una mecánica de discriminación conceptual en contra de las mujeres”, señaló.
Aunque el Senado aprobó una minuta para modificar cinco leyes en la materia, la Cámara de Diputados no lo hizo, y debido a que no pueden modificarse las normas fundamentales 90 días antes del proceso electoral, aun aprobándolas no podrían tener vigencia para 2018.
Actualmente, la FEPADE ha tramitado medidas de protección para 27 personas, de las cuales 24 son mujeres y 3 de la comunidad LGBTTTI, para que reciban atención psicológica, incluso algunas tienen escolta. Carla Elena Solís Echegoyen, directora de la Oficina de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la FEPADE, destacó que varias víctimas han llegado a la fiscalía con heridas por golpes o signos de violencia sexual, agresiones contra su economía, ya que se les retiene el sueldo o las envían al cuarto de limpieza para que lo utilicen de oficina.
Por Diana Martínez