La conclusión en la investigación del socavón del Paso Exprés, el cual dejó un saldo de dos personas muertas, se perfila a la corresponsabilidad de una veintena de funcionarios públicos de todos los niveles y de empleados de empresas constructoras involucradas por probables omisiones graves.
El Heraldo de México tuvo acceso a información oficial donde se da cuenta de al menos cuatro líneas de investigación de las que resultará una sanción a dos nuevos funcionarios federales de alto nivel.
En la investigación se incluye el expediente de los peritos independientes que señalaron que la falta de mantenimiento de la alcantarilla provocó el socavón.
De la información solicitada por la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, se constata que en distintos momentos empresas y funcionarios pudieron evitar esta tragedia, sin embargo, no hicieron nada para impedirlo.
De confirmarse la responsabilidad de las empresas, la Ley de Obras Públicas señala, en su artículo 78, que la SFP además de sancionarlas económicamente, puede inhabilitarlas para participar de manera directa o por interpósita persona en contrataciones de gobierno.
De la información solicitada por la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, se constata que en distintos momentos empresas y funcionarios pudieron evitar esta tragedia, sin embargo, no hicieron nada para impedirlo.
De confirmarse la responsabilidad de las empresas, la Ley de Obras Públicas señala, en su artículo 78, que la SFP además de sancionarlas económicamente, puede inhabilitarlas para participar de manera directa o por interpósita persona en contrataciones de gobierno.
En el caso de los funcionarios públicos, la Ley de Responsabilidades Administrativas señala sanciones que van desde suspensión del empleo hasta la inhabilitación, y el Código Penal Federal señala en sus artículos 60 y 307 que al haber un homicidio culposo, se podrían imponer penas de 3 a 6 años de prisión.
Este avance señala que la responsabilidad iría desde quien no retiró la basura de la alcantarilla que pasa por debajo de la carretera hasta de funcionarios y empleados que no cambiaron o evitaron “encamisar” la tubería que se averió y que permitió la erosión de la tierra, así como a los que hicieron una mala su- pervisión de la obra.
Otra línea de investigación es el proceso administrativo que desde que se conoció esta tragedia se sigue contra la posible negligencia de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Los funcionarios cesados sostienen que no son responsables del accidente. Existen otras líneas de investigación sobre el proceso de construcción. Según información recopilada por esta casa editorial, también se revisan los procesos de contratación a cargo de Banobras y Conagua para descartar que desde un principio existieran irregularidades.
Las investigaciones en curso no tienen aún fecha de conclusión, pero advierten sanciones de distintas índoles a los involucrados en el Paso Exprés que apenas ayer fue reabierto de forma parcial.
Por Francisco Nieto