Falta de personal y presupuesto fue el pretexto de autoridades de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Procuraduría General de la República para señalar los pocos avances en la investigación de la masacre de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, que ocurrió hace siete años.
Así lo señaló Ana Sandra Salinas, abogada de familiares de los migrantes asesinados, quienes, al igual que Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho se reunieron la noche de este miércoles con la titular de la unidad, Leonor de Jesús Figueroa, la agente ministerial que lleva el caso, y otro servidor público que coadyuvará en ésta.
Sin embargo, aseguró que el encuentro estuvo caracterizado por la insensibilidad de las autoridades que pretendían recibirlos en un cubículo de la unidad y no en una sala ante la relevancia del caso y a que estaban presentes las víctimas.
Posteriormente, les mostraron una presentación de power point para recordarles cómo ocurrieron los hechos sin ahondar en avances de la investigación.
No tiene el personal suficiente que fue una de las cosas que ellos nos dijeron, nosotros les dijimos que hay mucha dilación, y no tenemos a la fecha copias del expediente pese a que promovimos un amparo para eso”, dijo Ana Sandra Salinas, abogda de los familiares.Esta organización civil ha presentado varios amparos contra la unidad. “Nos dijeron que no es el único caso que tienen, que tiene muchísimos más, éste es un caso viejo y no les da la vida, incluso nosotros les dijimos que no nos podían decir eso y más estando ahí las familias. La maestra Leonor dijo que esa no era una excusa, pero era una realidad que están viviendo”, señaló. Este jueves acudieron nuevamente a la PGR para protestar por la impunidad en el caso y para solicitar una reunión con el Procurador, Raúl Cervantes. Esta unidad se creó en diciembre de 2015 para facilitar el acceso a la justicia a los migrantes y a sus familias. “La Unidad contará con los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que resulten suficientes para su óptima operación y funcionamiento”, indica el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2015. POR DIANA MARTÍNEZ