Además de justicia, Glenda pide a autoridades mexicanas que le permitan tener la certeza de que los cuerpos que le entregaron sean los de sus familiares, aparentemente asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en 2010.
Su padre, sus dos hermanos, su tío y su primo salieron de Guatemala el 2 de agosto de ese año; 17 días después, la llamaron para pedirle que les enviara dinero para llegar a Estados Unidos.
Fue la última vez que supo de ellos. El siguiente mes, en noviembre, autoridades mexicanas le entregaron un féretro metálico con el supuesto cadáver de su padre, de quien le dijeron perdió la vida en San Fernando, Tamaulipas. Después recibió los cuerpos de sus hermanos.
"En Guatemala me los entregaron, pero ni me dejaron abrir el ataúd, dijeron que no era permitido, que de México iba prohibido, venían sellados y dos traían encima la bandera de Guatemala", recordó en entrevista con El Heraldo de México. Ahora busca que los restos sean exhumados para que se realicen los exámenes necesarios, no ha sucedido.
A Glenda le informaron que sus familiares fueron asesinados junto con otros migrantes en San Fernando, pero no le dieron más detalles. A siete años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la Procuraduría General de la República no ha esclarecido el caso y sólo se ha revictimizado a familiares, criticó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Criticó que la Unidad para Migrantes de la PGR tenga una mala interpretación del derecho de las víctimas a tener representación legal, lo que dificulta el acceso a la justicia.
Por Diana Martínez