Ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa de manera indiscriminada como lo propone la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sería un retroceso al anterior sistema de justicia, aseguró Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República.
La propuesta de la Conago es sumar a este catálogo los delitos federales de robo de hidrocarburos y portación de armas de uso exclusivo del Ejército y del fuero común, robo a casa-habitación, extorsión, feminicidio, robo de vehículo y a transporte. Tan sólo en los primeros seis meses de 2017, se presentaron en el país, 38 mil 229 casos de extorsión, robo a casa-habitación, de vehículo y a transportista, todos con violencia, lo que significaría que, de ser detenidas, las personas que cometieron estos ilícitos ingresarían a las cárceles.
La propuesta de la Conago es sumar a este catálogo los delitos federales de robo de hidrocarburos y portación de armas de uso exclusivo del Ejército y del fuero común, robo a casa-habitación, extorsión, feminicidio, robo de vehículo y a transporte. Tan sólo en los primeros seis meses de 2017, se presentaron en el país, 38 mil 229 casos de extorsión, robo a casa-habitación, de vehículo y a transportista, todos con violencia, lo que significaría que, de ser detenidas, las personas que cometieron estos ilícitos ingresarían a las cárceles.
De acuerdo con estadísticas del Sistema Penitenciario nacional, actualmente existe una población de 210 mil 810 internos; de generarse el cambio al sistema penal, incrementaría alrededor de 15 por ciento de manera súbita.
En entrevista con El Heraldo de México, Moreno Manjarrez dijo que, ante las propuestas en la materia, se debe revisar el tema para saber si es necesario sumar delitos como el robo de hidrocarburos y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, pero no otros ilícitos como robo a casa-habitación, ya que esto provocaría que en seis meses las cárceles colapsaran.
“Evidentemente habrá algunos tipos penales que, en un test de constitucionalidad, como lo ha venido citando el señor procurador, en un momento pueda reflexionarse y que sí se considere esa posibilidad, pero no el catálogo que está planteando la Conago”, señaló.
Reconoció que un pendiente del nuevo sistema de justicia a nivel federal era la creación de la unidad de medidas cautelares que recientemente se puso en marcha y depende de la Comisión Nacional de Seguridad, ya que esta función era encargada a los fiscales.
https://youtu.be/g4CTEbMBXVI
Se han considerado como retos construir una base de datos nacional; modelos de capacitación y medición homologados; sistemas de atención para facilitar la presentación de denuncias; fortalecer la investigación criminal y de las unidades de atención temprana.
PGR NO NEGOCIA
Los criterios de oportunidad, como se le conoce al acuerdo entre el imputado y la autoridad ministerial para evitar la acción penal, no son una negociación, sino una facultad para incentivar la investigación, aseguró Moreno Manjarrez.
El funcionario señaló que para otorgar este beneficio se debe analizar qué tipo de participación tuvo la persona en el hecho delictivo y sirve para allegarse de información durante una indagatoria.
“Debe tener cierto nivel en donde no es un colaborador principal sino es un colaborador que viene a activarse y de ahí extraigo información para efectos de obtener mayores datos en mi investigación”, señaló.
El funcionario también señaló la necesidad de crear un código penal único para homologar las penas y redefinir tipos penales, pero respetando experiencias regionales en casos como el aborto, la eutanasia y el abigeato.
Por Diana Marínez
Ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa de manera indiscriminada como lo propone la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sería un retroceso al anterior sistema de justicia, aseguró Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República.
La propuesta de la Conago es sumar a este catálogo los delitos federales de robo de hidrocarburos y portación de armas de uso exclusivo del Ejército y del fuero común, robo a casa-habitación, extorsión, feminicidio, robo de vehículo y a transporte. Tan sólo en los primeros seis meses de 2017, se presentaron en el país, 38 mil 229 casos de extorsión, robo a casa-habitación, de vehículo y a transportista, todos con violencia, lo que significaría que, de ser detenidas, las personas que cometieron estos ilícitos ingresarían a las cárceles.
De acuerdo con estadísticas del Sistema Penitenciario nacional, actualmente existe una población de 210 mil 810 internos; de generarse el cambio al sistema penal, incrementaría alrededor de 15 por ciento de manera súbita.
https://youtu.be/g4CTEbMBXVI
En entrevista con El Heraldo de México, Moreno Manjarrez dijo que, ante las propuestas en la materia, se debe revisar el tema para saber si es necesario sumar delitos como el robo de hidrocarburos y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, pero no otros ilícitos como robo a casa-habitación, ya que esto provocaría que en seis meses las cárceles colapsaran.
“Evidentemente habrá algunos tipos penales que, en un test de constitucionalidad, como lo ha venido citando el señor procurador, en un momento pueda reflexionarse y que sí se considere esa posibilidad, pero no el catálogo que está planteando la Conago”, señaló.
Reconoció que un pendiente del nuevo sistema de justicia a nivel federal era la creación de la unidad de medidas cautelares que recientemente se puso en marcha y depende de la Comisión Nacional de Seguridad, ya que esta función era encargada a los fiscales.
Se han considerado como retos construir una base de datos nacional; modelos de capacitación y medición homologados; sistemas de atención para facilitar la presentación de denuncias; fortalecer la investigación criminal y de las unidades de atención temprana.
PGR NO NEGOCIA
Los criterios de oportunidad, como se le conoce al acuerdo entre el imputado y la autoridad ministerial para evitar la acción penal, no son una negociación, sino una facultad para incentivar la investigación, aseguró Moreno Manjarrez.
El funcionario señaló que para otorgar este beneficio se debe analizar qué tipo de participación tuvo la persona en el hecho delictivo y sirve para allegarse de información durante una indagatoria.
“Debe tener cierto nivel en donde no es un colaborador principal sino es un colaborador que viene a activarse y de ahí extraigo información para efectos de obtener mayores datos en mi investigación”, señaló.
El funcionario también señaló la necesidad de crear un código penal único para homologar las penas y redefinir tipos penales, pero respetando experiencias regionales en casos como el aborto, la eutanasia y el abigeato.
Por Diana Marínez