Ante los reclamos de partidos por no garantizar piso parejo en los comicios de este año, el INE endurecerá los candados para que los servidores públicos no intervengan en los comicios.
En sus lineamientos al respecto precisa que un político con cargo público y aspiraciones electorales no podrá asistir a eventos de entrega de programas sociales.
Tampoco podrá rendir informes de labores una vez que inicien las precampañas y, si por ley debe hacerlo, la propaganda para difundirlos no contendrá su nombre, voz o imagen.
Los servidores públicos sin aspiraciones tampoco podrán meter las manos en los comicios, pues estará prohibido que realicen acciones o expresiones de apoyo o promoción de terceros.
“Las conductas contrarias a lo previsto en los párrafos anteriores se presumirán como constitutivas de actos anticipados de precampaña o campaña y por ende podrán contabilizarse para efectos de los topes de gastos de campaña”, indica el documento que hoy votará el Consejo General del INE.
En sus lineamientos al respecto precisa que un político con cargo público y aspiraciones electorales no podrá asistir a eventos de entrega de programas sociales.
Tampoco podrá rendir informes de labores una vez que inicien las precampañas y, si por ley debe hacerlo, la propaganda para difundirlos no contendrá su nombre, voz o imagen.
Los servidores públicos sin aspiraciones tampoco podrán meter las manos en los comicios, pues estará prohibido que realicen acciones o expresiones de apoyo o promoción de terceros.
“Las conductas contrarias a lo previsto en los párrafos anteriores se presumirán como constitutivas de actos anticipados de precampaña o campaña y por ende podrán contabilizarse para efectos de los topes de gastos de campaña”, indica el documento que hoy votará el Consejo General del INE.
Además, desde el inicio del proceso electoral (septiembre próximo), la propaganda gubernamental no podrá exaltar, promover o justificar programa o logro de los gobiernos federal o local.
La propaganda oficial sólo incluirá su nombre y escudo oficial. El Heraldo de México publicó el pasado 15 de julio que estos lineamientos también regularán a los aspirantes sin cargo público como los panistas Margarita Zavala o Rafael Moreno Valle.
A petición de algunos consejeros, se cambió la fecha de entrada en vigor del documento al 8 de septiembre.
A partir de ese día, el país deberá estar limpio de propaganda de los presidenciables colocada en parabuses, espectaculares, mantas, bardas y redes sociales.
De no ser así, el INE podrá iniciar investigaciones de oficio, contabilizar gastos y, de resultar candidatos, sumarlos a su tope de gastos ya sea de precampaña o campaña.
PIDEN RESPETO A VIDA PRIVADA DE CANDIDATOS
El INE sugirió a los medios electrónicos no meterse en la vida privada de quienes contenderán en los comicios de 2018, de acuerdo con el proyecto de recomendaciones para el manejo informativo en noticiarios de radio y televisión durante las precampañas y campañas del próximo año.
En el documento, el instituto recuerda a los concesionarios de radio y televisión que la Constitución garantiza que la manifestación de ideas no será objeto de sanciones, “sino en el caso de ataque a la vida privada”.
En el documento, el instituto recuerda a los concesionarios de radio y televisión que la Constitución garantiza que la manifestación de ideas no será objeto de sanciones, “sino en el caso de ataque a la vida privada”.
Por ello, sugiere que los periodistas encargados de difundir noticias respeten este planteamiento.
“La difusión de información que trastoque el derecho a la vida privada deberá estar plenamente justificada en el interés y debate público... La vida privada de las y los candidatos debe quedar resguardada, evitando menciones injustificadas a su intimidad en los noticieros o en la obtención del material incluido en ellos”, puntualiza.
En lugar de meterse en temas privados y “anécdotas”, recomienda el INE, los medios de comunicación deben privilegiar las propuestas.
El instituto también pide no estereotipar a los contendientes, garantizar equidad en la difusión de notas y distinguir claramente la información de la opinión. Recuerdó que la Constitución obliga a los concesionarios de radio y tv a garantizar el derecho de réplica y que si permiten la compra de propaganda disfrazada de información pueden causar la nulidad de los comicios.