Arranca el Sistema Nacional Anticorrupción... sin fiscal y fuera de las entidades

Arranca el Sistema Nacional Anticorrupción... sin fiscal y fuera de las entidades
Arranca el Sistema Nacional Anticorrupción... sin fiscal y fuera de las entidades
Arranca el Sistema Nacional Anticorrupción... sin fiscal y fuera de las entidades
A partir de este 19 de julio entra en vigencia el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que integra un conjunto de leyes e instituciones, con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera amplia la corrupción que azota al país. La mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.

La creación del sistema implicó la modificación de siete leyes:

  1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
  2. Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).
  3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  4. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
  5. Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
  6. Reformas al Código Penal Federal.
  7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

¿Quiénes integran el SNA?

Se designó un Consejo Consultivo, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana, con un Secretariado Técnico, que contará con un presupuesto superior a 200 millones de pesos anuales. El Comité Coordinador tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. Las seis sillas del Comité Coordinador las ocupan los titulares de las instituciones que conforman al sistema:
  • La Auditoría Superior de la Federación.
  • La Secretaría de la Función Pública.
  • El Tribunal de Justicia Administrativa.
  • El Consejo de la Judicatura Federal
  • El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
  • El Tribunal Federal de Justicia Administrativa
 

Cargos pendientes

Aunque ya mañana se cumple el plazo, quedan algunos temas pendientes, como la aprobación de una Ley General de Archivos, que no ha dictaminado el Congreso. El Senado no ha nombrado el Fiscal anticorrupción, que tendrá voto dentro del Comité Coordinador, aunque en su convocatoria se registraron 32 aspirantes, dos de ellos descalificados por plagiar sus ensayos. Falta la designación de los 18 magistrados anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativas, quienes deberían encargarse de juzgar los casos graves de corrupción tanto de funcionarios públicos como particulares.  

Entidades se quedan fuera

El Sistema Nacional Anticorrupción se creó con la reforma constitucional de 2015, el cual compone los órganos federales y los 32 Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), estos deberían contar con una estructura y facultades equivalentes al del SNA que tendrá las mismas funciones y facultades. Los SLA necesitan una base sólida desde las constituciones locales, sin embargo, varias entidades no cuentan con la estructura constitucional adecuada para contemplar las reformas constitucionales. Ante ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Coparmex crearon un SEMÁFORO para conocer el estatus de la reforma constitucional para implementar el sistema. De acuerdo al Semáforo de la Reforma Constitucional, Campeche, Chihuahua y Tabasco no cuentan con una reforma constitucional. En tanto, Baja California y Veracruz son las únicas entidades en contar con una reforma satisfactoria al 100 por ciento.  

Funcionarios bajo una lupa a medias

La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que toda persona que reciba recursos del Estado debe presentar anualmente, a partir de este miércoles, declaración patrimonial y de intereses. Esto incluye a los empleados de todos los niveles, desde el más modesto hasta el presidente de la República, sin importar si son de base, eventuales o hasta de honorarios y a todo aquel que haga negocios con el gobierno. La razón de ello es que se pueda castigar también a particulares que incurran en actos de corrupción con funcionarios. Sin embargo, como todavía no existen los formatos para presentar estas declaraciones, ese paso no se puede cumplir.  

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