Posesión de armas: 83% libra cárcel

NACIONAL

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Desde que su puso en marcha el nuevo sistema de justicia a nivel federal, en noviembre de 2014, 6 mil 905 personas detenidas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, fueron enviadas ante un juez, pero sólo mil 142 llevaron su proceso en prisión. De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial de la Federación, 5 mil 67 enfrentaron su proceso en libertad y 696 más quedaron libres por falta de elementos para procesarlos. Esto ha generado polémica, ya que este ilícito no contempla prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, este ilícito, así como delitos contra la salud y en materia de hidrocarburos, son los que más se judicializan, aseguró a El Heraldo de México Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Amparo y Procedimientos Penales de la PGR. Informó que de noviembre de 2014 a la fecha, a nivel federal se han iniciado alrededor de 98 mil carpetas de investigación, de las cuales se han judicializado casi 13 mil. Este casi 13 por ciento, dijo, supera el promedio de otros países como Estados Unidos donde se envía ante el juez el 10 por ciento de los casos.
El funcionario aseguró que en más del 90 por ciento de los casos judicializados, el impartidor de justicia decreta la formal detención.
"Si consideramos que es mucho más del 90 por ciento los casos en los que a las personas que imputamos se quedan subvinculadas a proceso, es bastante positivo.
"Y si consideramos que tenemos cerca de 200 sentencias de juicio oral y que la inmensa mayoría también han sido condenatorias, yo creo que apunta resultados positivos", consideró. Aseguró que se debe realizar un balance del nuevo sistema de justicia penal, así como hacer una consulta para determinar si es necesario incrementar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. "Evidentemente lo que se tiene que hacer es un balance integral que incluya cuáles son los beneficios que hoy aporta el nuevo sistema y por supuesto que no se puede excluir aquello que consideremos que sea necesario revisar y consensuadamente con la sociedad, modificar", enfatizó. Higuera Bernal destacó que la mayoría de las entidades tuvieron experiencia previa de la aplicación del sistema acusatorio con códigos procesales locales. "En la Federación sólo lo empezamos a hacer a partir de 2014 y materialmente se implementó en un año seis meses", dijo tras recibir un reconocimiento del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.
  Por Diana Martínez.