Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la implementación del operativo Fuerza Conago, impulsado por el presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, Miguel Ángel Mancera, y en donde participan policías de la Ciudad de México, Guerrero, Puebla e Hidalgo en coordinación con fuerzas federales.
En entrevista con El Heraldo de México, la presidenta de la organización civil Causa en Común, María Elena Morera señaló que el programa tiene tintes electorales y cuestionó su legalidad dado que se utilizan recursos de la Ciudad de México para actividades de seguridad en Guerrero.
Agregó que resulta “extraño” que se envíen más de 300 elementos de seguridad de la ciudad gobernada por el jefe de gobierno para combatir el robo de autos, “ese tema lo debería de estar viendo la policía federal y el gobierno estatal”.
María Elena Morera dijo que resultaría normal que se implementara ese operativo con entidades colindantes a la Ciudad de México, y puso como ejemplo que programas como el C5, y la mejora en los salarios de los policías podrían exportarse a otros estados.
“Pero exportarlos con la responsabilidad de cada uno de los estados, no con la responsabilidad del jefe de go- bierno que sigue siendo jefe de gobierno”.
Por su parte el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, detalló que se ha comprobado que los operativos sólo logran “despresurizar” una acción de emergencia, pero no reducir los robos y violencia que se vive en nuestro país.
En este sentido indicó que es necesario generar mejores acciones como la implementación de indicadores de desempeño que permitan valorar las políticas públicas, “urgen acciones que den resultados, que estos resultados sean medibles, observables que no sea cuestión de opinión o de sí está funcionando’”.
“¿Por qué no le están pegan- do al dinero de los delincuentes? No tengo idea, por qué no están cerrando o generando un sistema de monitoreo a quien va a depositar o llevar bienes a las casas de empeño, que sabemos son un foco de problema? no tengo idea”, añadió.
Los especialistas señalaron que ejercer el uso de la fuerza legítima del Estado, sin un ordenamiento legal, podría vulnerar el artículo 117 de la Constitución donde se prohíbe a los gobiernos locales celebrar entre ellos alianzas o coaliciones; además de que se desconocen los acuerdos para que la fuerza pública opere fuera de jurisdicción.
Por Ricardo Ortiz