Un grupo de periodistas y organizaciones civiles alzó la voz ante el presunto espionaje del que han sido víctimas por parte del Gobierno y exigieron que se realice una investigación exhaustiva e imparcial ante estos hechos.
El diario The New York Times reveló que entre 2015 y 2016 asociaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Centro Agustín Pro y El Poder del Consumidor, así como comunicadores como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena fueron víctimas de una campaña del malware espía Pegasus.
Dicho malware es comercializado por NSO Group exclusivamente a gobiernos.
Una investigación publicada por Citizen Lab, en colaboración con Artículo 19, Social TIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), reveló que el uso del malware fue con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, que han enfocado su trabajo en contra de la corrupción.
John Scott Railton, de Citizen Lab, comentó en conferencia de prensa que en los dos años anteriores se detectaron 76 intentos de infección de este malware, las cuales se suman a 12 que fueron denunciadas a principios de año en contra de protectores de derechos de la salud.
De acuerdo con Citizen Lab, cada licencia de infección tendría un costo de alrededor de 77 mil dólares, esto equivale a alrededor de 1.4 millones de pesos.
Luis Fernando García, de R3D, explicó que la infección con este malware se daba a través de links en mensajes falsos.
La mayor parte de estos mensajes, dijo, se enviaron durante momentos en los que la actividad periodística se enfocó en temas incómodos para el Gobierno, como los informes sobre la falsedad en la investigación oficial de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y el caso de la Casa Blanca del Presidente Enrique Peña Nieto.
El activista calificó a este acto como una "vigilancia sistemática en contra de actores de la sociedad civil incómodos para el gobierno".
Una investigación publicada por Citizen Lab, en colaboración con Artículo 19, Social TIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), reveló que el uso del malware fue con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, que han enfocado su trabajo en contra de la corrupción.
John Scott Railton, de Citizen Lab, comentó en conferencia de prensa que en los dos años anteriores se detectaron 76 intentos de infección de este malware, las cuales se suman a 12 que fueron denunciadas a principios de año en contra de protectores de derechos de la salud.
De acuerdo con Citizen Lab, cada licencia de infección tendría un costo de alrededor de 77 mil dólares, esto equivale a alrededor de 1.4 millones de pesos.
Luis Fernando García, de R3D, explicó que la infección con este malware se daba a través de links en mensajes falsos.
La mayor parte de estos mensajes, dijo, se enviaron durante momentos en los que la actividad periodística se enfocó en temas incómodos para el Gobierno, como los informes sobre la falsedad en la investigación oficial de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y el caso de la Casa Blanca del Presidente Enrique Peña Nieto.
El activista calificó a este acto como una "vigilancia sistemática en contra de actores de la sociedad civil incómodos para el gobierno".
#GobiernoEspía. NYT publica informe sobre espionaje vs periodistas
Por su parte, la periodista Carmen Aristegui refirió que se trata de un modus operandi ya que "no es casual que en los momentos más difíciles en los que el estado mexicano debió dar explicaciones lo que hubo fue espionaje". POR JUAN LUIS RAMOS