La Asamblea Legislativa aprobó en lo general, con 44 votos en favor y nueve en contra, las leyes que regularán los procesos electorales y de participación de la Ciudad de México.
Así la capital del país tendrá nueva legislación electoral para elegir en 2018 Jefe de Gobierno, diputados locales, alcaldes y concejales, una vez que sea promulgada en la Gaceta Oficial.
Por primera vez se tendrá un Congreso local compuesto por 50 por ciento de hombres y 50 por ciento mujeres, cumpliéndose la plena equidad de género. Asimismo se obliga a los funcionarios públicos a no desviar recursos del erario en favor de algún candidato.
Al explicar la decisión de que el número de concejales en alcaldía se determine en función del porcentaje de votos efectivos obtenidos por el alcalde que gane, el asambleísta José Manuel Ballesteros, del PRD, argumentó que lo más importante es garantizar el tema de la gobernabilidad.
En contraste, al argumentar el voto de Morena en contra, el asambleísta Alfonso Suárez del Real consideró que se incumple el mandato del tercero constitucional de la Ciudad de México, que ordena el ejercicio del poder bajo un esquema de democracia directa, representativa y participativa.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna Estrada, afirmó que el espíritu de la constitución se ve plasmado en la ley aprobada ya que promueve una nueva relación de proximidad con las alcaldías y tendrá que consolidar gobernabilidad, planeación y convivencia en el ámbito local
El dictamen expide un nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y una nueva Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México, reformándose diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana y del Código Penal para el Distrito Federal.
Entre otros aspectos el dictamen aprobado busca establecer los mecanismos para contrarrestar la posibilidad de que se comentan delitos electorales durante los procesos electivos y participativos.
Para ello se fortalece al órgano ejecutor y al jurisdiccional, cuyo principal propósito es defender el voto del electorado a través de figuras legales de reciente creación como la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos.
En el dictamen se incluye la figura de revocación del mandato, candidaturas independientes, se garantiza la paridad en la integración del Congreso local, se elimina el Fondo de Retiro de Magistrados y consejeros electorales.
La ley impulsa la apertura de los canales de comunicación e interacción ente los gobiernos y ciudadanía a través de la regulación de los procesos democráticos participativos, y la manifestación de una administración fortalecida mediante la figura de los “gobiernos de coalición”.
Asimismo propone robustecer a los pueblos y barrios originarios y comunidades residentes en sus propios procesos democráticos, y regular, con base en los principios de austeridad, el financiamiento a los partidos políticos, orillando a éstos a invertir en dos sectores poblacionales generalmente relegados como lo son los jóvenes y las mujeres.
Por Notimex