Obras inconclusas, pagos a personal no autorizado y falta de evidencia en la compra de mobiliario escolar en Chiapas, fueron algunas de las observaciones que realizó en su informe sobre fiscalización 2015, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a la entidad gobernada por Manuel Velasco.
Durante ese año las observaciones alcanzaron los 2 mil 934.6 millones de pesos.
El monto máximo de irregularidades se dio en el rubro de Salud, en éste sector el gobierno estatal informó que realizó pagos por 120.3 millones de pesos a servidores públicos no autorizados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
También se erogó 100.4 millones de pesos correspondientes a las cuotas y aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro, de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, sin que existan comprobación en ambos casos.
D
esde que inició el año, cientos de personas que labora en los distintos hospitales y
centro
s de salud públicos han realizado diversas manifestaciones para exigir mej
oras laborales, así como el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos; incluso desde abril cinco enfermeras iniciaron una huelga de hambre afuera del Hospital de la Mujer “Doctor Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, a la fecha el número aumentó a siete, dos de ellas se reportan como graves.
Otro de los sectores afectados fue el educativo. Se documentó que hubo reparto de 434 millone
s de pesos para el pago de 30 docentes que no tenían el perfil requerido para el puesto, como en los casos anteriores, la Auditoría Superior de la Federación no recibió la documentación que comprobara el destino de esos recursos.
En la compra de mobiliario se identificó que se destinaron 79.9 millones de pesos para adquirir 79 mil 683 sillas de paleta, mil 991 sillas para maestro, mil 991 mesas y mil 991 pizarrones, del cual no se presentó evidencia de su distribución ni ubicación.
En materia de obras, la ASF detectó un posible daño al erario por un monto de 177.4 millones de pesos por las obras del Centro Ciudad Mujer en San Cristóbal de las Casas, las cuales ya fueron pagadas, pero hasta la fecha no se ha concluido, según reportes estatales.
Durante ese año Leticia Coello, madre del gobernador, se desempeñaba como presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF-Chiapas, cargo por el cual recibió un presupuesto de 3 millones 990 mil 455 pe-sos, bajo el concepto de “apoyo” para sus actividades.
Aunque el cargo era “honorifífico”, en el informe “Analítico calendarizado por clasificación administrativa”, disponible en la página de internet de la dependencia, detalla que se destinaron esos recursos “para uso exclusivo” de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo. Incluso, se detalla que el monto fue otorgado mensualmente en cantidades que oscilaban entre 283 mil y hasta los 454 mil pesos.
A finales de diciembre, “por motivos de salud”, anunció que dejaría el cargo, y se nombró a Carolina Elizabeth Sohle Gómez en su lugar.
Estados manipulan recursos para fondos
La Auditoría Superior de la Federación ubicó en 2015 irregularidades en los estados de la República por 65 mil millones de pesos.
Ese dinero pertenece a transferencias federales, dinero que transfiere la secretaría de Hacienda para decenas de ramos y de programas que cruzan temas de salud, de infraestructura, educación, seguridad y justicia.
La Auditoría denunció hace unos meses que los estados logran mover recursos a través de fideicomisos y fondos que no pueden ser 100 por ciento auditables –incluso por un esquema legal- lo que podría provocar que los recursos que se mueven ilegalmente sean mucho más altos.
El gobierno de Chiapas tiene seis meses, a partir del 15 de febrero pasado, para aclarar las observaciones que la Auditoría hizo al uso de recursos federales transferidos al estado hace dos años.
Por Ricardo Ortiz
esde que inició el año, cientos de personas que labora en los distintos hospitales y
centro
s de salud públicos han realizado diversas manifestaciones para exigir mej
oras laborales, así como el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos; incluso desde abril cinco enfermeras iniciaron una huelga de hambre afuera del Hospital de la Mujer “Doctor Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, a la fecha el número aumentó a siete, dos de ellas se reportan como graves.
Otro de los sectores afectados fue el educativo. Se documentó que hubo reparto de 434 millone
s de pesos para el pago de 30 docentes que no tenían el perfil requerido para el puesto, como en los casos anteriores, la Auditoría Superior de la Federación no recibió la documentación que comprobara el destino de esos recursos.
En la compra de mobiliario se identificó que se destinaron 79.9 millones de pesos para adquirir 79 mil 683 sillas de paleta, mil 991 sillas para maestro, mil 991 mesas y mil 991 pizarrones, del cual no se presentó evidencia de su distribución ni ubicación.
En materia de obras, la ASF detectó un posible daño al erario por un monto de 177.4 millones de pesos por las obras del Centro Ciudad Mujer en San Cristóbal de las Casas, las cuales ya fueron pagadas, pero hasta la fecha no se ha concluido, según reportes estatales.
Durante ese año Leticia Coello, madre del gobernador, se desempeñaba como presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF-Chiapas, cargo por el cual recibió un presupuesto de 3 millones 990 mil 455 pe-sos, bajo el concepto de “apoyo” para sus actividades.
Aunque el cargo era “honorifífico”, en el informe “Analítico calendarizado por clasificación administrativa”, disponible en la página de internet de la dependencia, detalla que se destinaron esos recursos “para uso exclusivo” de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo. Incluso, se detalla que el monto fue otorgado mensualmente en cantidades que oscilaban entre 283 mil y hasta los 454 mil pesos.
A finales de diciembre, “por motivos de salud”, anunció que dejaría el cargo, y se nombró a Carolina Elizabeth Sohle Gómez en su lugar.
Estados manipulan recursos para fondos
La Auditoría Superior de la Federación ubicó en 2015 irregularidades en los estados de la República por 65 mil millones de pesos.
Ese dinero pertenece a transferencias federales, dinero que transfiere la secretaría de Hacienda para decenas de ramos y de programas que cruzan temas de salud, de infraestructura, educación, seguridad y justicia.
La Auditoría denunció hace unos meses que los estados logran mover recursos a través de fideicomisos y fondos que no pueden ser 100 por ciento auditables –incluso por un esquema legal- lo que podría provocar que los recursos que se mueven ilegalmente sean mucho más altos.
El gobierno de Chiapas tiene seis meses, a partir del 15 de febrero pasado, para aclarar las observaciones que la Auditoría hizo al uso de recursos federales transferidos al estado hace dos años.
Por Ricardo Ortiz