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Se duplica costo de obras en estados por intereses

NACIONAL

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Con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las 32 entidades del país terminarán pagando 118 por ciento de intereses por los 50 mil millones de pesos que costará mejorar las instalaciones educativas en todo el territorio como parte de la Reforma Educativa, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El destino de esos recursos está comprometido para pagar los intereses por obligación adquirida hasta por 25 años”, señala la ASF en su segundo informe de la Cuenta Pública 2016. En 2015, como parte de la Reforma Educativa, el gobierno federal lanzó un programa para mejorar, en tres años, 33 mil planteles de todos los niveles educativos. Las obras incluían rehabilitación de aulas, instalación de bebederos y ampliación de las escuelas, entre otros. Para costear las obras, la SHCP y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), diseñaron un esquema de financiamiento que permitiría contar con los 50 mil millones de pesos necesarios para las obras a cambio de comprometer hasta 25 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), durante los próximos 25 años.

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“Se trata de un innovador instrumento de ingeniería financiera que permitirá multiplicar, en los próximos tres años, los recursos de Fondo de Aportaciones Múltiples de las entidades federativas”, dijo el presidente Enrique Peña en 2015, cuando anunció el plan. Sin embargo, la ASF estimó que este esquema de financiamiento, que consiste en la emisión de certificados bursátiles, cuya garantía son los recursos del FAM, terminará costando al erario 109 mil 497 millones 803 mil 900 pesos, de los cuales 59 mil 914 millones son sólo de intereses. “Lo cual implica que las administraciones estatales actuales dispusieron de los recursos futuros para financiar el gasto corriente, ya que los recursos pagan un costo financiero, pero no una inversión en infraestructura”, dijo la ASF en su informe. Otro inconveniente de este esquema que ubicó la Auditoría es que fue diseñado para que no sea reconocido como deuda pública, por lo que no es posible reportar los montos pendientes por pagar ni sus intereses.

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“El esquema de financiamiento del Programa Escuelas al CIEN está diseñado con parámetros que excluyen las leyes de deuda pública federales y estatales”, explicó la ASF. En su dictamen, la Auditoría reconoce que la puesta en marcha de este esquema de deuda se creó con la finalidad de incorporar fuentes de financiamiento privadas, pero trajo consigo riesgos futuros.“Las entidades federativas comprometieron ingresos de las generaciones futuras al reservar por 25 años recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples”.     Por Iván Ramírez