La cadena de responsabilidad en el caso del colegio Enrique Rébsamen pasa por el director responsable de Obras, el corresponsable, el director de Obras delegacional y la autoridad central, incluida la SEP, por los permisos que otorgó como responsable de la educación pública y privada de la capital.
Una revisión del portal de la delegación Tlalpan, en el que se desarrolla la relatoría del caso, evidencia la ausencia de manifestaciones de construcción y ampliación ejecutadas en el inmueble.
El colegio, donde murieron 19 niños y siete adultos el 19S, tenía permiso para operar desde 1983, según la oficina de Planeación Urbana de la delegación Tlalpan.
En el número 11 de Rancho Tamborero se autorizó construir una “escuela para jardín de niños”, además, en el número 19 se avaló edificar “dos departamentos en cuatro niveles”, con el uso de suelo número 1372 y con la autorización de Seguridad Urbana No. 6701.
El DRO que vigiló la construcción fue el arquitecto Max Betancourt Villaseñor, con nú- mero de licencia 845.
La normatividad actual coloca al colegio Rébsamen dentro del grupo A en materia estructural, por lo que debe presentar una constancia de Seguridad Estructural, obliga- da a ser renovada cada cinco años, o después de un sismo cuando la misma lo determine.
En 2014, el ingeniero Arturo Pérez Rodríguez, corresponsable de obra de la delegación, pidió pruebas de carga e inspecciones a la estructura.
Juan Mario Velarde Gámez y Juan Apolinar Torales Iniesta certificaron que el inmueble, con más de 30 años de operación, cumplía con el reglamento y podía soportar un sismo.
Hasta el momento, las autoridades delegacionales y lo- cales se señalan mutuamente sobre la responsabilidad de verificación de la construcción, así como de la seguridad que debía privar en ella.
En la legislación vigente en materia de seguridad estructural, se señala que corresponde a las delegaciones y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) registrar las manifestaciones de construcción, expedir licencias de construcción, permisos y autorizaciones.
Una revisión del portal de la delegación Tlalpan, en el que se desarrolla la relatoría del caso, evidencia la ausencia de manifestaciones de construcción y ampliación ejecutadas en el inmueble.
El colegio, donde murieron 19 niños y siete adultos el 19S, tenía permiso para operar desde 1983, según la oficina de Planeación Urbana de la delegación Tlalpan.
En el número 11 de Rancho Tamborero se autorizó construir una “escuela para jardín de niños”, además, en el número 19 se avaló edificar “dos departamentos en cuatro niveles”, con el uso de suelo número 1372 y con la autorización de Seguridad Urbana No. 6701.
El DRO que vigiló la construcción fue el arquitecto Max Betancourt Villaseñor, con nú- mero de licencia 845.
La normatividad actual coloca al colegio Rébsamen dentro del grupo A en materia estructural, por lo que debe presentar una constancia de Seguridad Estructural, obliga- da a ser renovada cada cinco años, o después de un sismo cuando la misma lo determine.
En 2014, el ingeniero Arturo Pérez Rodríguez, corresponsable de obra de la delegación, pidió pruebas de carga e inspecciones a la estructura.
Juan Mario Velarde Gámez y Juan Apolinar Torales Iniesta certificaron que el inmueble, con más de 30 años de operación, cumplía con el reglamento y podía soportar un sismo.
Hasta el momento, las autoridades delegacionales y lo- cales se señalan mutuamente sobre la responsabilidad de verificación de la construcción, así como de la seguridad que debía privar en ella.
En la legislación vigente en materia de seguridad estructural, se señala que corresponde a las delegaciones y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) registrar las manifestaciones de construcción, expedir licencias de construcción, permisos y autorizaciones.
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Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, rechaza que su administración sea responsable de los anteriores señalamientos y culpa al Instituto de Verificación Administrativa. Meyer Klip, titular del Invea, reviró que la dependencia no tiene facultades de realizar re- visiones ni suspender obras, salvo en caso de denuncia ciudadana por uso irregular de algún inmueble. Por Lizeth Gómez de Anda