La Procuraduría General de la República (PGR) tiene pendiente una reingeniería en sus procesos internos para mejorar la procuración de justicia, tramitó un financiamiento por 80 millones de dólares en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para llevarla a cabo, pero se carece de proyecto y sólo tiene un en- cargado de despacho.
Al renunciar Raúl Cervantes a la PGR, estos procesos para mejorar la operación de la dependencia, quedaron inconclusos.
De acuerdo con el documento “Desafíos y Acciones para con- solidar el Sistema Penal Acusatorio”, entregado al Senado previo a la renuncia de Cervantes, el BID le otorgó 100 mil dólares para desarrollar un plan y un modelo financiero que debe ser entrega- do a finales de este año.
Para concretarlos, en julio de este año, Raúl Cervantes se reunió con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, en Washington para trabajar en la consolidación de un préstamo de 80 millones de dólares de inversión con cooperación técnica para proyectos específicos en cuatro años.
El documento explica, por ejemplo, que entre abril y septiembre de este año, se realizó una prueba piloto para desarrollar y estandarizar criterios de operación que, según la PGR, les permitirá abatir 60 por ciento de los inventarios de carpetas de investigación el próximo año.
La prueba consistió en reunir a los 15 ministerios públicos más experimentados del país, quienes fueron enviados a la Ciudad de México, Edomex y Puebla, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Unidad de Delitos de Propiedad Intelectual.
La intención del ensayo fue que los ministerios públicos locales trabajaran con el grupo experimentado en reducir el tiempo de vida promedio de las carpetas de investigación y documentar la experiencia para generar criterios formales de todas las Unidades de Atención.
La transformación de la PGR prevé planes de carrera a largo plazo, ya que el diagnóstico reveló que en los últimos 100 años, los procuradores duraban en el cargo menos de dos años y que ello respondía a coyunturas legislativas nacionales
Por Iván Ramírez
Al renunciar Raúl Cervantes a la PGR, estos procesos para mejorar la operación de la dependencia, quedaron inconclusos.
De acuerdo con el documento “Desafíos y Acciones para con- solidar el Sistema Penal Acusatorio”, entregado al Senado previo a la renuncia de Cervantes, el BID le otorgó 100 mil dólares para desarrollar un plan y un modelo financiero que debe ser entrega- do a finales de este año.
Para concretarlos, en julio de este año, Raúl Cervantes se reunió con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, en Washington para trabajar en la consolidación de un préstamo de 80 millones de dólares de inversión con cooperación técnica para proyectos específicos en cuatro años.
El documento explica, por ejemplo, que entre abril y septiembre de este año, se realizó una prueba piloto para desarrollar y estandarizar criterios de operación que, según la PGR, les permitirá abatir 60 por ciento de los inventarios de carpetas de investigación el próximo año.
La prueba consistió en reunir a los 15 ministerios públicos más experimentados del país, quienes fueron enviados a la Ciudad de México, Edomex y Puebla, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Unidad de Delitos de Propiedad Intelectual.
La intención del ensayo fue que los ministerios públicos locales trabajaran con el grupo experimentado en reducir el tiempo de vida promedio de las carpetas de investigación y documentar la experiencia para generar criterios formales de todas las Unidades de Atención.
La transformación de la PGR prevé planes de carrera a largo plazo, ya que el diagnóstico reveló que en los últimos 100 años, los procuradores duraban en el cargo menos de dos años y que ello respondía a coyunturas legislativas nacionales
Por Iván Ramírez