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Coronavirus en Centroamérica. El Salvador: Ante la pandemia, 80% política - 20% ciencia

MUNDO

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Transcurría el día seis de un confinamiento obligatorio de 87 días, cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rompió con el lema de “Quédate en casa”.

En una cadena nacional, Bukele anunció la entrega de un subsidio de $300 dólares estadounidenses para los más afectados por el confinamiento domiciliario, el cual comenzó el 11 de marzo, con una cuarentena; pero, se aplicó con más dureza, a partir del 21 de ese mismo mes, como su principal estrategia ante la pandemia del virus SARS-Cov-2, causante de la infección respiratoria COVID-19.

El gobernante instruyó a la población a buscar su nombre en un portal web y, en caso de no aparecer en el registro, presentar un reclamo ante las escasas 16 oficinas de los Centros Nacionales de Atención y Administración de Subsidio (Cenade) o dejar la queja en esa plataforma web.

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Al día siguiente, los bancos y los Cenade amanecieron con largas filas. Sin embargo, los centros nacionales estaban cerrados y los bancos no contaban aún con las transferencias. Con la certeza de que el lunes encontrarían filas aún más largas, muchos durmieron en las aceras, así, los centros amanecieron abarrotados por miles de salvadoreños.

En cuestión de horas, el presidente reconoció su error: “Los CENADE están demasiado llenos, las aglomeraciones son un riesgo de contagio usted, su vida y la de su familia”, escribió Bukele, en sus redes sociales, tras las imágenes de irrespeto al distanciamiento social.

https://twitter.com/nayibbukele/status/1244636893142233088?s=20

La escena evidencia cómo en El Salvador las decisiones políticas caminan por encima de los criterios médico-científicos. Desde la aparición de su primer caso de COVID-19, el pasado 18 de marzo, fecha cuando también lo reportó Nicaragua; mientras, Costa Rica registraba ya su primer deceso.

Esa es la conclusión de médicos, epidemiólogos, infectólogos y académicos de larga experiencia: voces disidentes de la actuación del Gobierno salvadoreño, en el manejo de la crisis sanitaria, entrevistados por Conexión Centroamericana.

Manipulación de datos

Sin bien, los expertos apoyaron el temprano cierre de fronteras, decretado el 11 de marzo; criticaron la falta de un plan estructurado sobre testeos; cuarentenas —a su juicio, deben ser focalizadas—; la atención en hospitales y, sobre todo, la transparencia en los datos de la emergencia, así como, salir a buscar los casos a las comunidades, en lugar de esperar a los pacientes en los hospitales.

“En su mayoría, observamos que las decisiones cumplen objetivos políticos. Un experto les hubiese aconsejado otro mecanismo para entregar el subsidio”, señaló el presidente del Colegio Médico de El Salvador, Milton Brizuela, gremio que propuso la creación de una mesa técnica multidisciplinaria, al Gobierno, sin lograr ninguna respuesta.

Hasta más de 400 casos de COVID-19 han sido detectados, por día, en El Salvador. Foto: MINSA.

https://youtu.be/2DDPH9AEYgQ

Ministro de Salud a la defensiva

A la fecha, el Gobierno se ha negado a conformar mesas técnicas de especialistas y a escuchar otras opiniones. Incluso, el Presidente optó por desprestigiar a las voces disidentes.

“La Asociación Salvadoreña de Infectología ha puesto a disposición sus conocimientos y colaboración; pero, desafortunadamente, no hemos sido llamados. Aquí, ha prevalecido el criterio político, en un 80%, y el médico-técnico, en un 20%,”, sostuvo su presidente, Mario Gamero.

Ese criterio, lo comparte el académico e investigador de la Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo Jao: “Una característica es la ausencia de criterio científico (…) casi todo se hace por impulso político”, planteó  Picardo, a quien el presidente Bukele lo llamó “loco” e “imbécil”, tras presentar la estrategia, Cerco Epidemiológico Inteligente, a fin de cortar los contagios.

Para los especialistas, resulta inaceptable la ausencia de una vigilancia epidemiológica activa, en las comunidades, dada la experiencia del personal sanitario con las campañas contra el sarampión y la influenza, en ese país centroamericano de 6.4 millones de habitantes.

A las críticas, el ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabí, devolvió la brasa a sus detractores: “Decir u opinar que esto es un tema político, pues, habría que hacerles la misma pregunta a ellos”, respondió el jerarca, en una breve declaración dada a Conexión Centroamericana.

Alabí calificó como “un error” afirmar que existe un manejo político de la crisis sanitaria, en las pocas palabras dadas, este 9 de junio, tras esperarlo a la salida de un canal televisivo, ante la falta de respuesta a la solicitud de entrevista gestionada con su encargado de Prensa.

Nadie conoce a sus asesores médico-científicos; el Ministro solo ha indicado que contrató a expertos venezolanos, en declaraciones dadas a medios de comunicación.

Ante este silencio, a finales de abril, el Colegio Médico de El Salvador lanzó el Observatorio Médico Covid19; mientras la Universidad Francisco Gavidia, la Universidad de El Salvador,  la Escuela Superior de Economía y Negocios y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social conformaron el Observatorio Covid-19.

https://youtu.be/KCfJqPC39Qk

Una atropellada cuarentena

Como su principal medida sanitaria, el 11 de marzo, el presidente Bukele decretó una cuarentena obligatoria, en todo el país, lo cual implicó la suspensión de clases y el cierre del aeropuerto internacional, a fin de evitar contagios.

Diez días después, en una cadena televisada, rodeado de su gabinete y del delegado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para El Salvador, el mandatario justificó su decisión con una proyección matemática de 3.145.728 de casos, al 20 de mayo; cálculos que fueron duramente criticados por expertos de centros universitarios.

https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1241567194087149569?s=20

Con el cierre de fronteras, solo los nacionales podían ingresar a esa nación y, luego de sellar sus pasaportes, eran enviados a centros de contención para su cuarentena; sitios a donde también fueron llevados a quienes acusaron de violar el aislamiento domiciliario, el más estricto decretado en El Salvador.

Luego de casi tres meses de encierro, con denuncias de violaciones a los derechos humanos y de falta de transparencia en el uso de los recursos, concluyó el confinamiento de la población salvadoreña, el 14 de junio, tras una resolución de la Sala de lo Constitucional de su Corte Suprema de Justicia.

La resolución de 90 páginas declaró la ilegalidad de los decretos emitidos por el Gobierno y las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, para dar un supuesto marco legal a la cuarentena. En sus conclusiones, los magistrados pidieron a ambos Poderes de la República tomar acuerdos, a fin de emitir una ley para atender la pandemia.

https://youtu.be/O1XF5rlRXc0

Reapertura por decreto

Durante seis días, el Gobierno y la Asamblea pasaron en discusiones sin poder consensuar una ley sobre la cuarentena obligatoria, entre otras medidas; en medio de ese debate, el 14 de junio, el Presidente emitió un polémico decreto ejecutivo, dando paso a la primera de cinco fases de la reapertura económica.

Así, una parte de los salvadoreños dejaron el confinamiento para incorporarse a labores productivas, como la construcción, manufactura textil y electrónica, entre otras actividades, contempladas en esta primera fase.

El 7 de julio, fecha fijada para la segunda fase de reapertura, el Gobierno comunicó que sería reprogramada, hasta el 21 de ese mes, la razón: los casos habían aumentado en casi un 50%; mientras los decesos, en un 80%, durante esas tres semanas de una mayor libertad económica, según confirma la revisión de los datos oficiales.

El Poder Ejecutivo culpó a la Sala de lo Constitucional y a la Asamblea Legal, de esos números, por traerse abajo la cuarentena obligatoria, en una discusión marcada por visiones partidistas.

Oídos sordos a la ciencia

Antes de esta avalancha de casos —El Salvador está en la lista de países con transmisión comunitaria—, los dos observatorios y la Asociación Salvadoreña de Infectología de El Salvador abogan por una vigilancia epidemiológica activa, en los municipios con más reporte de enfermos.

“Estamos claros que —el aislamiento— es una medida; pero, no tiene que ser la única: la vigilancia activa es la que va a evitar que se siga contagiando la gente (…) No podemos cerrar completamente el país y no hacer nada más; si van hacer cuarentenas, tienen que ser focalizadas y eso está contemplado en el Código de Salud”, dijo el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela.

“El problema es que le hemos dado prioridad al sistema de atención de tercer nivel —hospitalario— y no al primario —en la comunidad— (...) Pensar que nos van a mantener en cuarentena hasta cuando el virus desaparezca no es un concepto médico adecuado”, sostuvo el infectólogo, Iván Solano Leiva, miembro de la Asociación Panamericana de Infectología y de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología.

Para los entrevistados, el Gobierno debió apostar por hospitales de campaña, junto al Hospital de El Salvador, exclusivo para COVID-19; cuya primera ala fue inaugurada, por Bukele, el 21 de junio, luego de tres meses de obras.

Con una inversión de $25 millones de dólares estadunidenses, el centro solo cuenta con 105 camas de cuidados intensivos y 295 de cuidados intermedios —de las 2.000 anunciadas, al finalizar los trabajos, en agosto—, las cuales comenzaron a llenarse, de inmediato, dado el inminente colapso del sistema hospitalario salvadoreño.

*Esta entrevista forma parte del especial “Coronavirus en Centroamérica” de la serie Historias sin fronteras, con la edición general de  Iván Carrillo, y ha sido posible gracias al apoyo de la organización periodística, InquireFirst, y el Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes.  

Autor: Beatriz Benítez