El gobierno de Donald Trump pidió, en medio de la pandemia del coronavirus, al Tribunal Supremo, que tumbe la ley sanitaria de Estados Unidos, más conocida como Obamacare.
El Alto Tribunal, que en el pasado ha fallado dos veces en favor de Obamacare, estudia ahora un caso impulsado por una veintena de estados en manos de republicanos que argumentan que a raíz de unos cambios legislativos de 2017 la ley es inconstitucional.
En diciembre de 2018, un juez federal de Texas les dio la razón declarando inconstitucional la reforma y abriendo un litigio legal que está ahora en manos del Supremo con estados en manos de los demócratas, que la defienden.
Este juez y también un tribunal de apelaciones inmediatamente inferior al Supremo consideraron que, tras la aprobación de la reforma fiscal, con la que se eliminaron las multas a la obligación de tener un seguro médico, conocida como "mandato individual", Obamacare pasó a ser inconstitucional.
El Ejecutivo presidido por Trump renunció a ejercer la defensa de la ley, en una decisión poco habitual, y ahora ha dado un paso más alineándose con los impulsores de la demanda.
La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, condenó la medida y la calificó como un "acto de crueldad insólito" durante la pandemia.
Si se aprobara, afirmó, unos 130 millones de personas podrían perder las protecciones de la ley y 23 millones podrían quedar sin seguro.
[nota_relacionada id=1111418]No hay justificación legal ni excusa moral para que la administración quite la atención médica a los estadounidenses", dijo.
Por EFE y AFP
eadp