SAN DIEGO. Un juez federal estadounidense determinó que las separaciones de familias migrantes en la frontera con México se están realizando sin violar los "derechos" y toman en cuenta antecedentes criminales de alguno de los progenitores.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) argumentó que el gobierno separaba a las familias por acusaciones dudosas y transgresiones menores, incluidas infracciones de tránsito. En julio, le pidió al juez que emitiera un fallo sobre si el gobierno tenía la justificación para separar a 911 niños en el primer año que transcurrió desde que el juez puso fin a la práctica generalizada en junio de 2018.
En un escrito de 26 páginas y difundido la noche del lunes, el magistrado Dana Sabraw, con sede en San Diego, señaló que no hay evidencia de que el gobierno federal haya retornado a la separación sistemática de familias migrantes en la frontera sur, y que por lo general ha ejercido "discrecionalidad".
La decisión de Sabraw supone un éxito para la Administración del presidente Donald Trump sobre este caso que se remonta a 2018 y durante el cual el magistrado había ordenado reunificar a las familias separadas.
La ACLU interpuso una demanda en una corte federal por la separación de familias inmigrantes, y que mereció que el juez ordenara que se paralice dicha política, conocida como "tolerancia cero", y proceda a reunir a las familias.
"El tribunal reafirmó firmemente que la Administración Trump enfrentará consecuencias si intenta separar a las familias basándose en una acusación de que el adulto no es el padre del niño", agregó Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
Asimismo, precisó que estudian "cómo garantizar que los niños no estén separados de sus padres debido a infracciones menores".
POR EFE Y AP
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