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EU se ensaña con menores

El gobierno desdeña el acuerdo que limita el periodo de detención

MUNDO

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WASHINGTON. El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer que hará caso omiso de un acuerdo judicial que limitaba el tiempo de detención de inmigrantes menores. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que poner fin al llamado Acuerdo Flores de 1997 permitirá acelerar el procesamiento de los casos de inmigración y a la vez disuadirá los cruces ilegales de la frontera de Estados Unidos con México. La medida enfureció a los promotores de derechos de los inmigrantes y ya se espera una batalla en las cortes. "Es repugnante ver cómo el gobierno de Estados Unidos busca la manera de prolongar el encierro de niños", dijo Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). "Es un nuevo ejemplo de la hostilidad del gobierno de Trump hacia los inmigrantes cuyo resultado es una política incompatible con los valores humanos fundamentales", agregó. El Acuerdo Flores obliga al gobierno a mantener a los niños en el ambiente menos restrictivo posible y dejarlos en libertad al cabo de unos 20 días. Durante años, debido a esas restricciones, muchos padres y niños a los que se detenía en el intento de entrar al país quedaban en libertad mientras se procesaba su pedido de asilo, una práctica que Trump caracteriza como "capturar y soltar". Las nuevas normas permitirían al gobierno mantener detenidas a las familias hasta finalizar su procesamiento. "En la actualidad, las escapatorias legales entorpecen la capacidad del departamento de detener y expulsar rápidamente las unidades familiares que no tienen fundamentos legales para permanecer en el país", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. "Esta regla apunta a uno de los principales factores atractivos de la inmigración ilegal y permite al gobierno federal aplicar las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso". Varios abogados presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump, exigiéndole resarcir a las familias migrantes que separó en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. La demanda, presentada en Worcester, Massachusetts, busca crear un fondo para pagar por el tratamiento psicológico de los niños que fueron separados de sus padres por el gobierno de Trump, que había adoptado una política de "tolerancia cero" contra todos los que crucen la frontera ilegalmente. El gobierno, agregó la querella, "debe responder por sus acciones" y "reparar el daño causado". Añadió que muchas personas sufrieron daños psicológicos y trauma emocional debido a la separación. Menciona los casos de dos familias guatemaltecas que cruzaron la frontera pidiendo asilo. POR EFE Y AFP