WASHINGTON. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer que un estatuto de inmigración que exige la deportación de personas sin ciudadanía que delinquieron es "ilegalmente vago", en una decisión que podría limitar la capacidad del gobierno de Donald Trump de acelerar la salida de inmigrantes con historial delictivo.
En respuesta, el gobierno del presidente Trump deploró la decisión de la Suprema Corte, y sostuvo que convierte al país en refugio de criminales.
El fallo de hoy socava de manera significativa los esfuerzos del Departamento de Seguridad Interna de deportar extranjeros convictos de ciertos crímenes violentos, incluidos los sexuales, secuestro y robo", señaló la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen.En una votación 5-4, el Tribunal respaldó a James García Dimaya, un inmigrante legal de Filipinas que fue condenado por robo en California. En la votación, el magistrado conservador Neil Gorsuch, que fue nombrado por Donald Trump, se sumó a sus cuatro colegas liberales. Se trata del primer voto mayor de Gorsuch en un tema que marca la intersección entre migración y cumplimiento de la ley. La corte mantuvo un dictamen de 2015 de un tribunal menor que indicó que una provisión de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que exigía la deportación de Dimaya, creó incertidumbre sobre qué delitos pueden ser considerados violentos, arriesgando un cumplimiento arbitrario en violación a la Constitución. El dictamen ayuda a clarificar los actos criminales por los que pueden ser expulsados los inmigrantes legales en un momento de intenso foco sobre asuntos migratorios en EU, mientras Trump intenta incrementar las deportaciones de inmigrantes que han cometido delitos. "Las leyes vagas invitan al poder arbitrario", escribió Gorsuch, mencionando que las colonias americanas en el siglo XVIII se refirieron a la vaguedad de las leyes inglesas como una razón para ir a la revolución.
Puede que la leyes vagas no sean tan ofensivas hoy, pero pueden invitar igualmente al ejercicio del poder arbitrario al dejar a la gente a oscuras sobre los requisitos de la ley, y al permitir que fiscales y cortes decidan", agregó Gorsuch. Por su parte la magistrada Elena Kagan escribió que la decisión de 2015 "nos dice cómo resolver este caso".Dimaya llegó a Estados Unidos desde Filipinas como residente legal permanente en 1992, con 13 años, y vivía en la zona de la Bahía de San Francisco. Las autoridades federales ordenaron su deportación por dos robos en casas en 2007 y 2009, aunque ninguno fue con violencia. Con argumento de que era inconstitucional sumar los dos delitos de robo para tipificarlos como delito agravado, los abogados de García Dimaya llevaron su caso a la Novena Corte de Apelaciones y ganaron. REUTERS, AFP Y NOTIMEX