El empresario salvadoreño Oscar Canales ha pasado los últimos tres meses confinado en el sótano de una iglesia en la ciudad estadounidense de Greensboro, en Carolina del Norte, sabiendo que en el momento en el que ponga un pie fuera, puede ser capturado y deportado a su país natal.
La expulsión significaría la separación de su mujer y de sus tres hijos, al igual que la pérdida de la floreciente empresa de tejados que fundó y en la que hoy trabajan seis ciudadanos estadounidenses.
Canales llegó ilegalmente a Estados Unidos en 2005, donde rehízo su vida, pero en 2012 empezó a tener problemas con la justicia cuando fue arrestado por un pequeño accidente de tráfico y las autoridades vieron que no tenía papeles de identidad.
Al no tener antecedentes judiciales, le acordaron una sentencia suspendida y un permiso de trabajo que iba renovando cada año, hasta que en 2017 pasó a estar a merced de los servicios federales de inmigración (ICE) que se encargan de aplicar la política de expulsión de los inmigrantes ilegales según las disposiciones del presidente Donald Trump.
En los últimos meses varias asociaciones cristianas progresistas se han reagrupado para proteger a los sin papeles más vulnerables, utilizando los lugares de culto como "santuarios" inviolables.
La iglesia unificada de Cristo de Greensboro acoge desde mediados de enero al salvadoreño, que en diciembre recibió la orden de abandonar el territorio.
Oscar teme además regresar a un país gangrenado por la violencia de pandillas como la MS-13, que "pueden secuestrar a un niño, pedir un rescate. Y si no se les paga en el momento, matarlo", según explica este treintañero a la AFP.
Actualmente unos cuarenta migrantes indocumentados viven en iglesias como Oscar, frente a los cinco que había antes del triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre 2016, según Noel Andersen, de la ONG cristiana Church World Service.
"En la era Obama, la decisión (de expulsar) se dejaba a juicio de la fiscalía" y las personas sin papeles que solo eran culpables de delitos menores y tenían vínculos familiares en Estados Unidos no tenían de qué preocuparse, comenta.
"Cuando Trump llegó, hizo caso omiso de las prioridades y todos los sin papeles se convirtieron en la prioridad", explica Andersen.