En México, 99 por ciento de los delitos cometidos en contra de migrantes que transitan por el territorio nacional quedan en la impunidad, reveló un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El documento titulado “El acceso a la justicia para las personas
migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel”, detalla que, según cifras oficiales, entre 2014 y 2016, un total de cinco mil 824 delitos contra migrantes fueron cometidos en todo el país, sin embargo, sólo existe evidencia de 49 sentencias en contra de los responsables, lo que representa el 1 por ciento. La impunidad prevalece, a pesar de que en México existen fiscalías especializadas para migrantes. La WOLA interpreta esta situación como una falta de voluntad de las autoridades mexicanas para investigar delitos contra migrantes “y buscan pretextos para alargar los casos sin castigar a los responsables”.
El documento titulado “El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel”, detalla que, según cifras oficiales, entre 2014 y 2016, un total de cinco mil 824 delitos contra migrantes fueron cometidos en todo el país, sin embargo, sólo existe evidencia de 49 sentencias en contra de los responsables, lo que representa el 1 por ciento. La impunidad prevalece, a pesar de que en México existen fiscalías especializadas para migrantes. La WOLA interpreta esta situación como una falta de voluntad de las autoridades mexicanas para investigar delitos contra migrantes “y buscan pretextos para alargar los casos sin castigar a los responsables”.
El informe establece que una de las dificultades en este rubro es que no existen procedimientos adecuados para denunciar delitos y violaciones de derechos humanos dentro de las estaciones migratorias, ni en otros lugares donde se cometen los ilícitos. También identifica cuatro grandes obstáculos para la investigación de los delitos contra migrantes: 1) la falta de coordinación entre la PGR y las procuradurías locales; 2) el retraso injustificado de las investigaciones; 3) la falta de fiscales con un perfil idóneo, y, 4) la falta de recursos materiales y humanos.
“Las autoridades mexicanas justifican la ausencia de resultados con el argumento de que las víctimas no permanecen en el lugar donde están las investigaciones”, denunció.
El reporte dice que las autoridades mexicanas tienen dos herramientas que no utilizan. Una es la recopilación de datos y desahogo de pruebas. La otra es la regularización de los migrantes que han sido víctimas o testigos de delitos en el país
Por Luis Alonso Pérez