Prisión por facturas falsas encara a IP con Hacienda

Este fin de semana concluye el tiempo para la creación de alternativas y el tema que no tiene avance es el de las facturas falsas

Arturo Herrera y Carlos Salazar Lomelín durante la conferencia de prensa en donde se abordaron temas como las modificaciones para castigar las evasiones fiscales y los sellos digitales. Foto: Cuartoscuro
Arturo Herrera y Carlos Salazar Lomelín durante la conferencia de prensa en donde se abordaron temas como las modificaciones para castigar las evasiones fiscales y los sellos digitales. Foto: Cuartoscuro

Pese a las reuniones que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha tenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en días y semana anteriores, el tema del combate a evasión al fisco por facturas falsas ha complicado las relaciones en el cénit de la economía.

La catalogación de delito grave por el uso de facturas falsas, que podría llevar a empresarios a enfrentar desde prisión un juicio por evasión fiscal, cómo si fuera crimen organizado, es lo que más preocupa a la Iniciativa Privada.

No coincidimos en que para lograrlo (acabar la evasión de impuestos) se tenga que hacer aplicable este régimen de excepción a cualquier contribuyente que esté acusado de defraudación fiscal o su equiparada, máxime cuando el proceso penal lo enfrentará en prisión (aun cuando no hubiera sido declarado culpable) y se le podrán asegurar sus bienes o el control de su empresa (delincuencia organizada), destacó el CCE.

La declaración llegó momentos después de una conferencia de prensa conjunta entre el CCE y Hacienda donde se acordaron cambios a la miscelánea fiscal.

Un punto en donde aún no hemos logrado generar consensos es el relativo a la reforma propuesta desde el Senado de la República, para sancionar con prisión preventiva oficiosa y hacer aplicable el régimen de delincuencia organizada (incluyendo extinción de dominio) a la defraudación fiscal y su equiparada.

Además, las declaraciones llegan un día después de que el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, afirmara en la Reunión Anual de Industriales que ya se había llegado a un acuerdo.

El CCE considera restringir la aplicación de este régimen de delito grave que considera prisión preventiva oficiosa a las incidencias de venta de facturas (113 Bis del CFF) y a los de defraudación fiscal y su equiparada únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas.

Hacemos un llamado para ajustar la reforma y evitar con ello generar incertidumbre a la inversión productiva, apuntó el gremio empresarial.

Se prevé que este fin de semana se concluya el proceso para la elaboración de alternativas, a efecto de que puedan ser comentadas con los legisladores para que se incluyan en la dictaminación del paquete económico la próxima semana.

Por Everardo Martínez

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