La guerra de las outsourcings

La batalla entre outsourcings pasó de lo mercantil a lo legal cuando en el 2014, durante sexenio de Enrique Peña Nieto, se realizó una reforma a los artículos 69 y 69 B bajo la batuta del entonces titular del SAT, Aristóteles Sandoval

Las empresas de subcontratación en México tomaron impulso a partir 1992. FOTO: ESPECIAL
Las empresas de subcontratación en México tomaron impulso a partir 1992. FOTO: ESPECIAL

Las empresas de subcontratación en México tomaron impulso a partir 1992 con la firma del TLCAN y bajo la influencia de los modelos emergidos en Estados Unidos y Europa, principalmente en Reino Unido. A partir de este momento, la historia de outsourcing en nuestro país se comenzó a cincelar entre querellas corporativas tan salvajes que se han salido del terreno mercantil para pasar a círculos legislativos, políticos y hasta mediáticos.

 

Los noventas fueron la etapa abismal en materia de contratación a terceros para el país. Sin una legislación que previera la evasión fiscal de las compañías, Sergio Castro, conocido después como ‘el rey de las outsourcings’, se apuntaló en la estrategia con empresas terciarias fundando Inteligencia De Negocio (IDN) con el objetivo de pagar nóminas a través de sociedades cooperativas, aunque no fue pionero, ya que la empresa americana Manpower había llegado al país desde 1969.

 

En 1997, durante la 85a conferencia internacional del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por primera vez se adoptó término de subcontratación para conceptualizar los derechos laborales del trabajador. Casi a la par, Castro logró dominar el mercado teniendo operaciones en más de 30 ciudades del país, incluyendo la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, además de Guatemala y Belice.

 

Para acrecentar su imperio, Castro se alió con el despacho de abogados y contadores de Álvarez Puga, quienes también se enfocaron en la elusión de las obligaciones mediante el aprovechamiento de la falta de regulaciones específicas en las normas fiscales aplicables.

 

En el 2002, ante el auge de las malas prácticas de Castro y Álvarez Puga, Manpower junto con otras 20 compañías como Adecco y Kelly fundaron la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) para respaldar marco legal las empresas en el ramo de los recursos humanos y al mismo tiempo, intentar eliminar a la creciente competencia catalogándola como firma que operaba en la ilegalidad, es decir, con aquellas firmas que compraban facturas y simulaban operaciones.

 

Poco duró la alianza entre Castro y el despacho Álvarez y Puga, la pugna por el imperio financiero los llevó a delatarse unos a otros. En el 2010, Sergio Castro se dio a la fuga a Centroamérica tras ser fichados por Hacienda por realizar prácticas fiscales agresivas. Mientras que las instalaciones del despacho de Álvarez Puga fueron cateadas por la PGR. Luego, se giraron órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, fraude fiscal y al IMSS. Los miembros de ambos bandos terminaron boletinados por la Interpol.

 

Tras la caída de este par y la satanización de la subcontratación, la figura del outsourcing fue incluido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), cuando se incorporó el concepto en la reforma laboral. Además, se pidió a los patrones reportar ante el IMSS a los trabajadores tercerizados. Así, la empresa mexicana comenzó a ganar terreno, incluso ante su homónima estadounidense Manpower y su agrupación AMECH, gracias a que su modelo de negocio empezó a priorizar los beneficios a los empleados y no a los empleadores.

 

El valor agregado que esta compañía mexicana otorgaba a los empleados comenzó a despuntar y revolucionó el sector gracias a las asistencias otorgadas como caja de ahorro, seguro de vida y gastos médicos. Pequeños cambios que resultaron significativos y que poco a poco fueron apuntalándolo como líder de rubro.

 

La batalla entre outsourcings pasó de lo mercantil a lo legal cuando en el 2014, durante sexenio de Enrique Peña Nieto, se realizó una reforma a los artículos 69 y 69 B bajo la batuta del entonces titular del SAT, Aristóteles Sandoval. Estos apéndices condenaban las presuntas operaciones inexistentes en personas morales.

 

Por esa época, las empresas mexicanas se agruparon en Asociación Mexicana en Recursos Humanos (Amedhir) que buscaban fortalecer la ley de outsourcings creándose así dos grupos antagónicos en el sector de la contratación a terceros. En los últimos años, la rivalidad entre ambas facciones se agudizó al grado de intentar trastocar esferas del poder y la opinión pública.

 

Lo cierto es que en medio de una industria creciente que supera los 4,400 millones de dólares en México  sí existe un ‘outsourcing’ malo. En el país, operan una serie de firmas que quedan fuera de ambos grupos rivales, y es el motivo por el cual la Amedhir ha pugnado por una regulación más estricta.

 

En la actualidad, la subcontratación en México en los últimos 10 años creció 48% y ahora, nuestro país se ubica en el quinto lugar de América Latina en ocupar estos servicios, teniendo ya 2.8 millones de personas que laboran bajo este esquema, permitiendo además que la tasa de informalidad disminuya.

 

Ahora, con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la AMECH y Amedhir deberían intentar aliarse para buscar un ‘piso parejo’ que realmente expulse a actores que utilizan el nombre del outsourcing para cometer delitos y que por años han manchado el nombre de un sector que ha ayudado a diversas compañías a agilizar la obtención de productos con mejor calidad y ahorrar tiempo para focalizarse en sus propios objetivos.

 

Basta de continuar con una disputa innecesaria que ya ha permeado en diversas esferas del poder y que al final solo debería de regirse por las reglas del mercado.

 

Los trabajadores en México están en juego.

Por Gerardo Rivadeneyra

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