Empresas están ligadas a corrupción

Cuatro de las seis compañías invitadas para construir la planta tienen historial de fraude

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Las empresas invitadas por la Sener para construir la nueva refinería en Tabasco, enfrentan investigaciones por casos de corrupción en diversos países y una de ellas ha sido sancionada por este motivo en África y Estados Unidos, en donde se le impusieron obligaciones de ética y conducta para evitar que se repitan estos actos.

La compañía Technip es el caso más representativo ya que en 2010 aceptó pagar una multa de 240 millones de dólares ante el poder Judicial de Estados Unidos, por maquinar una red de sobornos a funcionarios de Nigeria para que le fueran asignados contratos, de acuerdo con la resolución del Tribunal de Distrito de Estados Unidos con sede en Texas.

Además de la sanción, las autoridades de ese país también impusieron obligaciones de conducta y de ética para evitar más casos de corrupción, además de que le ordenaron implementar un programa para reportar sospechas de mala conducta y controles adicionales del sistema de contabilidad que estuvieron sujetos a la revisión de un auditor independiente.

Technip pagó la multa en siete cuotas de 30 millones de dólares entre agosto de 2010 y febrero de 2012, según revela otro documento publicado por el tribunal en 2015 al que tuvo acceso El Heraldo de México.

El asunto también fue revisado por el Banco Africano de Desarrollo, institución que en 2014 impuso una multa de 5.3 millones de dólares a Technip por haberse beneficiado de esos contratos entre 1995 y 2004. El banco africano encontró que esa empresa, en alianza con Kellogg Brown & Root y JGC Corp, realizaron pagos indebidos por un total de 180 millones de dólares a cambio de la adjudicación de estos contratos, informó la institución financiera a través de un comunicado.

Otra empresa invitada, la estadounidense Bechtel aparece en un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de diciembre de 2014, en el que uno de sus ex directivos se declaró culpable de cargos vinculados a un plan para manipular el proceso de licitación de los contratos de energía en Egipto, que le reportó alrededor de 5.3 millones de dólares en sobornos. Asem El-Gawhary se desempeñó desde 1996 hasta 2011 como gerente general de la compañía de Ingeniería y Servicios de Generación de Energía (PGESCo), una empresa conjunta entre Bechtel y la estatal Egyptian Electricity Holding Company (EEHC).

A su vez, la firma estadounidense KBR ha tenido una relación rasposa con Pemex, ya que en 2004 demandó a la petrolera por rescindir un contrato con su filial mexicana Commisa para la instalación de plataformas petroleras en el Golfo de México; en 2016, KBR ganó el caso ante una corte de Estados Unidos logrando que Pemex le pagara una compensación de 406 millones de dólares. Esta empresa no ha estado exenta de casos de corrupción, ya que en abril de 2018 el presidente del negocio de petróleo y gas de KBR, Jan Egil Brændeland, fue arrestado como parte de la investigación de la Oficina de Fraudes de Londres, aunque fue liberado horas después tras un interrogatorio.

Por otro lado, en agosto de 2018 autoridades argentinas iniciaron investigaciones contra el grupo Techint, que dirige Alejandro Maluf en la región Norteamérica, en la que reporta México, por presuntos pagos irregulares para la construcción de un complejo nuclear en Brasil, luego que se encontró que algunos de sus directivos figuraban en los famosos cuadernos de coimas, las anotaciones del chofer de altos funcionarios durante el gobierno de los Kirchner, que destaparon el mayor caso de corrupción de Argentina, situación que derivó en el procesamiento de su principal accionista, Paolo Rocca.

Para los expertos, el modelo de invitación que utilizó Pemex a fin de convocar a estas empresas, implica mayores riesgos de corrupción.

En este tipo de casos y con empresas que tengan estos antecedentes es recomendable una licitación abierta en lugar de una invitación restringida, comentó Miriam Grunstein, experta del Rice University’s Baker Institute.

Hasta el momento sólo hay referencias que están bajo investigación de algunos actos de corrupción y en el caso que perdieran el caso, el gobierno mexicano podría quitar contrato y darlo al segundo lugar, señaló Ramsés Pech, analista de la consultora mexicana Caraiva y Asociados.

 

Por Adrían Arias

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