Acusa Coparmex que ley de confianza puede usarse como mecanismo político

La Coparmex señala que para que funcione la ley deben existir beneficios para las empresas

Dicha ley, explica la patronal, contiene un registro propuesto por el Gobierno Federal para los ciudadanos Foto: Especial

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la Ley de Confianza Ciudadana puede prestarse a ser utilizada como un mecanismo de control político.

Dicha ley, explica la patronal, contiene un registro propuesto por el Gobierno Federal para los ciudadanos y empresas, que sustituirá las revisiones que hacen los inspectores de las dependencias federales.

Luego, relata, habrá un sorteo, llamado análisis estratégico, para determinar las personas elegidas que sí serán inspeccionadas.

En caso de que la revisión a la empresa haya sido satisfactoria y se haya verificado el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales, recibirán un reconocimiento por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador,

añadió que el padrón será vigilado por la Secretaría de Economía, que lo hará por medio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, dependencia que comprobará si aquellos que se inscribieron proporcionaron datos verdaderos.

La Ley de Confianza Ciudadana no aclara cuál será el procedimiento para las empresas que no quieran inscribirse en el registro, ya que rechazar ser parte de este padrón no significa que se esté incumpliendo con alguna obligación, acusa.

Asimismo, la Ley de Confianza Ciudadana no detalla qué otros beneficios podrán recibir las empresas, además de la suspensión de las inspecciones.

Esto último, se será definido más adelante por la Comisión, mediante reglas, bases, directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos o buenas prácticas, apunta.

Consideramos que se deben de establecer beneficios y facilidades administrativas claras para que la Ley de Confianza Ciudadana funcione, además de que genere condiciones para crear un ambiente favorable para el crecimiento de los negocios, creación de empleos y combate a la corrupción, y que ayude a construir un mejor país

Estado nunca puede renunciar a su función de vigilante de la legalidad, y las conductas que se aparten de la ley deben ser siempre sancionadas, concluye.

Por: Everardo Martínez

dhfm

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