James Midgley define al desarrollo distorsionado como aquel que se presenta cuando los objetivos de crecimiento económico no se encuentran armonizados con las necesidades del progreso social.
El caso mexicano es un claro ejemplo de este tipo de desarrollo, caracterizado por la alta desigualdad y pobreza impulsadas por procesos históricos de discriminación y diferenciación social.
Una de las principales herramientas –sino es que la única– para atacar esta situación es el empleo formal. Dentro del mar de objetivos e indicadores contenidos en el Anexo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el objetivo 2.11 busca “promover y garantizar el acceso a un trabajo digno”; el 3.2 plantea “propiciar un ambiente que incentive la formalidad y creación de empleos”.
En ambos objetivos el indicador principal es la Tasa de Informalidad Laboral, que por alguna razón que no logro entender, parte de una línea base diferente y estima una meta dispareja en ambos objetivos, aunque mide el mismo concepto.
Dejando de fuera este “pequeño” detalle técnico, lo más urgente es la línea meta para 2024 que proyecta como máximo una reducción de la informalidad de ¡1.9 por ciento del total de la PEA durante todo el sexenio!
Por supuesto que es insuficiente y es admitir implícitamente que la estrategia laboral y de crecimiento económico –que se supone será un promedio de 4 por ciento anual durante el sexenio– no comparten los mismos objetivos y que no se beneficiará realmente a los sectores más vulnerables de la población, quienes seguirán dependiendo de los programas de asistencia social.
POR GUSTAVO JORGE ZALDÍVAR LASTIRI (ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO SOCIAL)
UNIVERSIDAD INVITADA: MAESTRÍA DE ECONOMÍA FACULTAD UNAM