Recula: van patrullas a licitación

Gobierno de Tlaxcala asegura que, por ahora, no considera adjudicar de forma directa los vehículos

Las empresas que participaron podrán
hacerlo si solucionan el
tema legal. FOTO: ARCHIVO/ CUARTOSCURO
Las empresas que participaron podrán hacerlo si solucionan el tema legal. FOTO: ARCHIVO/ CUARTOSCURO

TLAXCALA. El gobierno de Tlaxcala emitirá una nueva licitación pública nacional para adquirir 200 patrullas; sin embargo, no habrá testigo social que verifique la transparencia en el procedimiento.

El oficial mayor de Gobierno, Luis Álvarez Landa, informó que tan luego la Comisión Estatal de Seguridad (CES) realice el requerimiento, lanzarán la convocatoria en la que podrán participar de nueva cuenta las empresas que incumplieron con los requisitos legales de la licitación anterior, siempre y cuando solventen los temas que les fueron observados.

–¿Están considerando la designación directa?

–No, en este momento, lo que nos toca es la segunda vuelta de la licitación y si fuera por designación directa, aunque es una excepción, tendría que pasar al Comité de Adquisiciones antes de que se haga el procedimiento.

–¿Ni designación ni invitación restringida a tres empresas?

–No –respondió Álvarez.

Aunque se le preguntó si la licitación siguiente contará con un testigo social, que verifique la legalidad y transparencia del procedimiento, el funcionario estatal afirmó que no es necesario en virtud de que la Contraloría del Ejecutivo estatal es la encargada de dar fe de los actos que se desarrollan en ese tipo de procedimiento.

Señaló que las empresas vigilan cada una de las etapas de las licitaciones, por lo que si alguna está inconforme tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento de queja.

Nunca se ha convocado a un testigo social; no está contemplada la figura. El testigo social que interviene en el proceso es cualquier empresa o ciudadano que tenga actividad comercial que se inscriba en la licitación. Si uno piensa que se le violan sus derechos puede hacer su queja correspondiente y si tiene la razón, ¿cuál es el término?, la queja en la Contraloría y la sanción contra la Oficialía Mayor y el restablecimiento del proceso, detalló.

Álvarez se deslindó de los acuerdos que puedan tener las empresas proveedoras de los autos, las armadoras e incluso las distribuidoras, pues lo que busca el gobierno estatal es satisfacer necesidades de la Comisión Estatal de Seguridad.

POR DAVID RODRÍGUEZ SILVA

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