Proliferan granjas para los adictos

Son ‘negocios’ que operan en forma irregular; alista derechos humanos una recomendación

Mil 500 adictos se atienden en estos centros; algunas casas para una familia de 5 integrantes son adaptadas para 40 internos. Foto: CUARTOSCURO.

En Aguascalientes, los anexos o centros de rehabilitación para adictos proliferan en cadena, como negocios que no cumplen las reglas de operación y violan derechos humanos, sin que la autoridad estatal pueda tener control pleno de su operación.

Actualmente hay cerca de 85 lugares de este tipo en el estado, de los cuales únicamente ocho tienen certificación de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), título que supone el cumplimiento de las reglas y normas básicas que deben acreditar para su adecuado funcionamiento.

Otros presentan irregularidades en mayor o menor grado que, explicó la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEA), pasan por ignorar trámites administrativos y por tener un agudo hacinamiento, terapias inadecuadas, falta de especialistas e instalaciones inapropiadas e insuficientes.

Joaquín Ordóñez, especialista de la Visitaduría de la CDHEA, expuso a El Heraldo de México que muchos centros abren de manera escalonada, uno tras otro, aprovechandola insuficiente supervisón del gobierno de Martín Orozco.

Hay centros que, regresas, y ya cambiaron de lugar, o hay otros que les van bien en el sentido económico, o simplemente que se asentó y abren otra sucursal, y hay grupos que tienen tres o cuatro centros del mismo director, por así decirlo, o de la misma asociación civil.

Hay centros que empiezan a funcionar y no tienen acta constitutiva o no tienen nada, y para ese aviso de funcionamiento ante Coprisea (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Aguascalientes) lo principal es tener acta constitutiva y llevar los datos del médico que será responsable sanitario.

El funcionario especialista llamó la atención en la falta de sanciones de parte de las autoridades sanitarias de la administración estatal.

Los centros bajan la guardia cuando ven que no pasa nada y siguen en función. Pudiera ser que sea mientras vean que no hay sanciones, que no les hacen daño, por la parte que les pudiera doler, que es la económica, dijo.

Subrayó las condiciones en las que muchos internos coexisten en casas adaptadas como centros de rehabilitación, y que significan una violación a sus derechos.

El gran problema en el que intentamos poner atención es el hacinamiento. En una casa habitación, pues que haya 30 o 40 personas, que es normalmente un lugar destinado a una familia de cuatro o cinco personas, por mucho que lo adaptes, los lugares quedan a veces hacinados.

Por estos problemas, el funcionario experto reveló que la CDHEA está por emitir una recomendación al gobierno estatal panista, en la que pondrá de relieve las áreas de oportunidad en las que las autoridades pueden mejorar su actuación.

Por David García

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