Más jueces en la mira, por caso Infonavit

Suspenden a 18 funcionarios del poder judicial por su presunta participación en el fraude contra 21 mil dueños de casas

COAHUILA ES LA SEGUNDA ENTIDAD –DE SIETE QUE ESTÁN
RELACIONADAS– QUE DE MANERA FORMAL INDAGA A PERSONAL JUDICIAL
POR EL PRESUNTO FRAUDE CONTRA DERECHOHABIENTES DEL INFONAVIT
COAHUILA ES LA SEGUNDA ENTIDAD –DE SIETE QUE ESTÁN RELACIONADAS– QUE DE MANERA FORMAL INDAGA A PERSONAL JUDICIAL POR EL PRESUNTO FRAUDE CONTRA DERECHOHABIENTES DEL INFONAVIT

Un total de 18 funcionarios del Poder Judicial de Coahuila fueron separados de sus cargos por su presunta participación en un fraude que se concretó mediante juicios hipotecarios con viviendas del Infonavit. Tres de ellos fueron reincorporados en sus puestos, tras promover amparos.

La magistrada Miriam Cárdenas Cantú, titular del Poder Judicial de Coahuila, dio a conocer que seis jueces y 12 secretarios de acuerdo y trámite del estado estarían involucrados en el megafraude que se ejecutó para despojar de sus viviendas a propietarios de casas del Infonavit mediante juicios irregulares. En Coahuila, el daño alcanzaría las 21 mil casas por lo menos.

Los 18 funcionarios promovieron amparos contra la medida cautelar que se les impuso. Pero en 15 casos se desechó, mientras que en tres de ellos sí procedió, por lo que se reintegraron a sus puestos y siguen laborando mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Cada una de estas personas promovió un juicio de amparo, pidieron que se suspendiera la separación de su cargo. En 15 casos se les negó la suspensión solicitada, por lo que dichos funcionarios permanecen sin laborar, mientras se siguen estos procesos donde se determinará su responsabilidad administrativa, dijo Cárdenas.

Aseguró que las investigaciones continúan y que se pidió al Consejo de la Judicatura revisar los tres casos en los que sí procedió el amparo.

Significa que los procedimientos administrativos no han sido suspendidos, continúan, siguen su cauce legal hasta concluir. De acreditarse las faltas graves que se les imputan a estos servidores judiciales, se impondrán las sanciones correspondientes, indicó.

Por otro lado, informó que ya se dio parte del caso a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, para que determinen si las conductas de los funcionarios, implican la comisión o no de varios delitos.

La titular del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila aseguró que los detalles de la investigación están reservados, aunque afirmó que en caso de que se comprueben las acusaciones contra los funcionarios imputados, el Poder Judicial establecerá mecanismos más efectivos de supervisión y vigilancia para que no se repitan esos actos.

Estoy cierta que la mayoría de las y los juzgadores aspira a convertir al Poder Judicial en una instancia de gobierno que responda ética y honestamente a sus obligaciones. No se puede permitir que los actos de unas cuantas personas, empañen el trabajo de la mayoría de nosotros y perjudiquen la credibilidad de nuestra institución, concluyó.

Más investigados

Las suspensiones de los funcionarios de Coahuila se suman a los casos de 20 personas que son investigadas en Nayarit por presuntamente formar parte de una red delictuosa para crear juicios civiles hipotecarios irregulares y despojar de viviendas a cuando menos 60 mil derechohabientes en siete entidades del país.

Tres de estas personas están vinculadas a proceso, entre ellas dos funcionarios del Poder Judicial de Nayarit y un apoderado legal del Infonavit.

Además, dos magistrados –uno de ellos, expresidente del Poder Judicial local– fueron suspendidos de manera provisional y enfrentan un procedimiento de responsabilidad administrativa.

Se trata de Pedro Antonio Enríquez Soto, ex presidente del órgano colegiado nayarita, y Jorge Ramón Marmolejo. Además, entre los detenidos está Saulo Pardo Sánchez, empresario local e identificado como representante legal del Infonavit.

La Fiscalía de la entidad investiga los hechos sobre una ejecución hipotecaria ilegal del Infonavit contra al menos 60 mil derechohabientes de los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, a quienes entre 2013 y 2018 les quitaron su vivienda por medio de juicios irregulares.

 

POR ALEJANDRO MONTENEGRO

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