Demandan evitar su desalojo

Piden a autoridad intervenir para conservar casa hogar de infantes con parálisis cerebral y autismo

INCONFORMIDAD. Vecinos y padres de familia protestaron ayer. Foto: Leticia Ríos

Los directivos, vecinos y familiares de niños con parálisis cerebral y autismo, de la casa hogar San Luis Gonzaga y Autismax, respectivamente, hicieron un llamado a los gobiernos del estado y de Naucalpan para intervenir e impedir el desalojo de ambas instituciones de asistencia privada, en favor de la inmobiliaria Frisa.

En una protesta contra el desalojo programado para ayer, el cual no se concretó, el abogado de las instituciones, Erick Alberto García, explicó que la única forma de evitar el lanzamiento es que el gobierno estatal expropie el predio, donado por el ayuntamiento de Naucalpan hace 30 años.

Las instituciones han presentado 10 solicitudes de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Naucalpan, que fueron desechadas, ya que la autoridad manifiesta que no constituye una violación el hecho de que Frisa pretenda recuperar el inmueble, pero sin analizar a fondo el problema.

La casa hogar y Autismax ya no cuentan con protección legal para frenar el desalojo, explicó su representante legal.

Le pedimos al gobernador del Estado de México que intervenga. La otra petición es para que la presidenta municipal, Patricia Durán, gire la instrucción de que se inicie el procedimiento administrativo de la nulidad del juicio principal, para que el municipio se presente en el juicio y reclame el predio como propio.

El municipio tiene los documentos que avalan que el terreno es de su propiedad, que son áreas de donación; lo que debe hacer es escriturarlo a nombre de la fundación.

Alrededor de 70 personas protestaron contra el desalojo.

Los familiares señalaron que se mantienen en total incertidumbre, porque no saben en qué momento los abogados de Residenciales Modernas, filial de la inmobiliaria Frisa, volverán a intentar el desalojo.

El abogado aseguró que solicitar policía antimotín para desalojar a niños y jóvenes con discapacidad y sin movilidad representa una arbitrariedad por parte de la autoridad judicial, porque va en contra de los intereses superiores de la niñez, que por ley deberían proteger.

POR LETICIA RÍOS

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