Defrauda justicia a ahorradores

Habitantes de Santa Rosa Jáuregui suman 5 años de lucha en tribunales para exigir castigo para quienes les quitaron su dinero

Varios grupos mantienen
un proceso legal comercial;
otros, un proceso penal. Foto: Patricia López.
Varios grupos mantienen un proceso legal comercial; otros, un proceso penal. Foto: Patricia López.

Casi dos millones de pesos, correspondientes a su jubilación y ahorros de 35 años de trabajo, desaparecieron de la noche a la mañana de la cuenta de Inés en la caja de ahorros 30 de agosto.

Un derrame cerebral acabó con su vida en 2014 y hasta el día de hoy su hermana, María de los Ángeles Sánchez, mantiene la lucha por fincar negligencia de las autoridades, junto con otras decenas de defraudados por el cierre de la cooperativa.

Una de las mujeres más activas en el proceso, Patricia Mastache, aclara que la situación no es sencilla para los ahorradores: 60 por ciento de las casi 6 mil personas afectadas eran mujeres; casi 52 por ciento, adultos mayores; otros eran ejidatarios que vendieron sus tierras.

La caja de ahorros 30 de agosto se ubicaba en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, y tenía 50 años de operar, por lo que pudo extenderse a la colonia Obrera, así como a las ciudades guanajuatenses Silao y Celaya.

En todas ofrecían intereses de 10 por ciento al año, muy por arriba de los bancos; los ahorradores llegaron a guardar hasta tres millones de pesos para vivir de los intereses. Hay personas que empezaron a ahorrar desde muy jovencitas y se quedaron con la costumbre y hay los que llegamos años después cuando era consolidada y muy conocida en Santa Rosa, dice Patricia.

El 10 de febrero de 2014 la caja cerró sin ningún aviso, ni explicación. Los trabajadores no sabían qué pasaba. Cuando los socios empezaron a sospechar sobre malos manejos, trataron de rescatar la caja, pero no tuvieron los expedientes.

Las autoridades detuvieron a los administradores 10 meses, pero un juez les otorgó un amparo; siguen libres.

Los socios iniciaron entonces distintas estrategias legales en varios grupos y consiguieron el compromiso del gobierno estatal anterior de entregar un expediente a la entonces PGR, pero eso nunca sucedió.

El grupo en que está Mastache tiene 78 ex socios, pero hay al menos tres grupos; en todos los casos se iniciaron las investigaciones por fraude y el primer ofrecimiento de las autoridades fue apegarse al programa federal de Fipago.

Aunque muchos socios aceptaron el apoyo de Fipago, mil personas en Querétaro continuaron los procesos legales.

Hace un par de semanas, la Fiscalía de Querétaro señaló que no hay delito penal que resolver en la caja, que no hay acción penal. Eso nos obliga a contratar a un abogado para combatir esta resolución. Para María no se trata de recuperar el dinero de su hermana, sino de conseguir justicia.

Por Patricia López

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