Ante la expansión del decreto para regular autos usados importados en el país, se pueden dejar de vender cerca de 200 mil unidades nuevas, estimó Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Si bien explicó que no ha definido con precisión el impacto de esta normativa de vehículos denominados autos chocolate, dijo que las aproximaciones podrían estar en torno a lo que se observaron hace más de una década, cuando el mercado disminuyó en esa magnitud ante la regulación promovida en el gobierno de Vicente Fox.
Este domingo por la noche el gobierno federal actualizó su decreto en el Diario Oficial de la Federación, por lo que sumó dos entidades a las 10 donde se tenían permitido regular estas unidades, además de que amplió el plazo efectivo del 20 de julio al 20 de septiembre de 2022.
El primer decreto tiene efecto en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Ahora se suma Sinaloa y Zacatecas.
Asimismo Rosales dijo que esta acción va a generar que el gobierno deje de recaudar recursos por la venta de autos nuevos y lo que en promedio al erario llegan 40 mil pesos por cada comercialización.
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Decreto muestra incongruencia
Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), señaló que el decreto es una muestra de incongruencia, ya que con los autos nuevos exige seguridad y protección al medio ambiente mientras que con las usados no hay ninguna exigencia.
“Si hubiera transporte de pasajeros eficiente en el país no se tendría está necesidad de importación y regulación de vehículos usados”, anotó.
Para José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la ampliación de facultades a este decreto impacta al sector y también al Estado de Derecho.
“Nuestra mano sigue tendida, manifestamos que es muy loable para acceder a automóviles, pero creemos que no es lo adecuado, pues es el rompimiento al Estado de Derecho y también privilegia lo ilegal sobre lo legal”, apuntó.
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