La política federal de la industria eléctrica y las discusiones sobre una contrareforma en esa materia, tienen detenidas inversiones por más de 40 mil millones de dólares, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“El sector privado está comprometido con México y con asegurar que las y los mexicanos tengamos suficiente energía barata y limpia. Hay más de 150 proyectos a futuro que equivalen a más de 40 mil millones de dólares de inversión que están ahora detenidos, y que el país necesita.
“Si hay más oferta de energía, bajará el precio, es un principio económico básico”, señaló Carlos Salazar Lomelín, presidente del consejo, en el marco del parlamento abierto sobre la Reforma Eléctrica.
Insistió en que invertir en transmisión y en distribución permitirá disminuir los altos precios de electricidad en ciertas zonas y disminuir los subsidios que el Estado otorga al suministro básico.
Apuntó que la propuesta de reforma constitucional que promueve la Comisión Federal de Electricidad (CFE), implicaría regresar a México a un modelo que ya está rebasado en todo sentido, pues no toma en cuenta que la población mexicana casi se ha triplicado en las últimas décadas y la economía ha crecido al menos ocho veces, por lo que el consumo eléctrico ha aumentado exponencialmente, además de que el cambio climático obliga a incrementar la producción de energías limpias para mitigar sus consecuencias.
“Todos queremos que le vaya bien a México, queremos que el gobierno tenga los suficientes recursos para los programas sociales y que todos los mexicanos tengan acceso a suficiente energía barata y limpia, queremos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, vigorosa, eficiente, productiva y competitiva, pero esta propuesta de reforma no logra lo que el presidente quiere para México y los mexicanos”, añadió.
Asimismo, negó que la existencia de la CFE esté en riesgo, pues dijo que lo demuestran sus resultados financieros, los números y las proporciones.
Explicó que el mercado eléctrico tiene tres grandes fases: generación, transmisión y distribución, destacando que, hasta ahora, el debate sólo ha girado en torno a la fase de generación.
En tanto, la transmisión y la distribución —que son clave para impactar el costo del servicio eléctrico a la población y a las PyMES— siguen siendo monopolio del Estado y requieren de altísimas inversiones.
“Rubros en los que desgraciadamente nuestro gobierno no ha invertido en los últimos años”, acusó.
En este sentido, el presidente del CCE aseguró que la CFE no ha ampliado la red de transmisión de manera importante, a pesar de que, por ejemplo, sólo en el año 2021 se recaudaron alrededor de 46 mil millones de pesos de la tarifa de transmisión.
Esto, sin contar las aportaciones a título gratuito que realizan los interesados en integrar nuevos proyectos de generación o de consumo al sistema eléctrico.
Finalmente, dijo que es mentira que las empresas hayan operado ilegalmente, como han afirmado “algunos actores” en este debate.
“Que se castigue a quien haya violado la ley. No se requiere una reforma constitucional para aplicar la ley. Un sistema eléctrico eficiente, que combine bien la rectoría del Estado con el mercado y la inversión privada, requiere de una regulación firme, pero justa e independiente, que impida abusos y resarza pérdidas injustificadas a los participantes”, sostuvo.
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